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En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, la Universidad Fidélitas recordó la importancia de incorporar atención psicológica como parte esencial e inmediata de toda respuesta ante emergencias, desde huracanes e inundaciones hasta terremotos o crisis sanitarias.
El impacto psicológico de una emergencia puede manifestarse desde el primer momento o surgir con el tiempo, afectando durante años a las personas expuestas. Pérdidas familiares, duelos, desplazamientos forzados o rupturas comunitarias pueden detonar cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros trastornos que requieren atención continua.
“Hoy es una fecha que nos recuerda que incluso en medio del caos, cada persona merece apoyo, escucha y acompañamiento”, señaló Álvaro Solano, director de la Escuela de Psicología de Fidélitas.
Durante la pandemia de COVID-19, el 61% de la población costarricense presentó síntomas de depresión, un 43,7% manifestó ansiedad grave y un 32,1% reportó afectación crítica en su salud mental, según datos del Ministerio de Salud.
Además, en 2021, la incidencia de depresión fue especialmente alta entre mujeres jóvenes, alcanzando 244,9 casos por cada 100.000 habitantes, y cantones como Parrita llegaron a 509,9 casos por cada 100.000 habitantes.
El acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado. Persisten obstáculos estructurales como la escasez de especialistas, la sobrecarga de los servicios de atención primaria, la falta de redes comunitarias, el estigma social y una débil coordinación interinstitucional.
La Universidad Fidélitas insta a que se garantice el acceso oportuno a servicios para poblaciones vulnerables, comunidades rurales, jóvenes y personas con discapacidad, sectores que suelen enfrentar mayores barreras.
Para atender esta situación, el Ministerio de Salud aprobó la Política Nacional de Salud Mental 2024–2034, que propone un enfoque integral basado en entornos protectores, prevención del suicidio y cooperación intersectorial para ampliar la cobertura.
El plan establece actividades, indicadores y metas para orientar las acciones en la próxima década. Entre sus prioridades están coordinar con instituciones como el MEP, la CCSS, el IAFA, el PANI y gobiernos locales para actuar de forma conjunta, así como implementar protocolos nacionales para la detección temprana, la atención en crisis, campañas educativas y fortalecimiento de los servicios en todas las regiones.
“Esto es un llamado urgente a fortalecer la acción colectiva para proteger y ampliar los servicios de salud mental en tiempos de crisis, porque la mente necesita cuidado inmediato e integral”, concluyó Solano.
