Elaboración propia/La República.
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Las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de Educación (CSE) durante la administración de Rodrigo Chaves han carecido de sustento técnico y de procesos de evaluación, lo que generó la interrupción de dos programas estratégicos, según informó hoy el Estado de la Educación.
Como ejemplo, los analistas del programa de la educación citaron el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) y el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi).
Estas determinaciones no solo profundizan la brecha digital en el país, sino que también representan un retroceso en la garantía de derechos humanos, al incumplir con el principio de progresividad que exige avanzar y no retroceder en materia de inclusión y equidad.
Falta de respaldo técnico
La suspensión de ambos programas se realizó sin la participación de instancias especializadas, sin análisis de impacto ni estudios de viabilidad.
“El Consejo Superior de Educación tiene una enorme responsabilidad como ente rector de la política educativa, pero enfrenta serias limitaciones para ejercerla. La debilidad en su jerarquía, la ausencia de autonomía operativa y financiera, el predominio de la gestión administrativa sobre la visión estratégica y un equipo técnico reducido, restringen su independencia y capacidad de evaluación”, señaló Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Informe Estado de la Educación.
En 2023, el fin del convenio PRONIE-MEP-FOD —vigente desde 1988— dejó al sistema educativo sin una plataforma institucional capaz de garantizar la provisión de recursos tecnológicos, capacitación docente y acompañamiento pedagógico. El cierre se ejecutó sin una transición planificada ni un análisis de los efectos para docentes y estudiantes.
Aunque en 2024 se implementó el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), este no ha logrado cubrir las necesidades de infraestructura, capacitación y sostenibilidad que requería el sistema educativo tras el desmantelamiento de PRONIE.
El informe concluye que la falta de criterio técnico en la toma de decisiones educativas durante el actual gobierno ha debilitado la capacidad del país para responder a los desafíos de la era digital y de la educación integral, con impactos que podrían prolongarse por varios años.
