El modelo de desarrollo ha partido en dos la estructura social y económica por obra de que solo para unas actividades ha habido dinámica política pública con apoyo institucional

De cal y de arena

De esta bancarrota ¿quién responde?

Se inventaron el cuento de la ingobernabilidad para justificar el colapso en la gestión de la mayoría de las dependencias del Estado. Ingobernabilidad es el mote de la incapacidad para gestionar en el gobierno.
Con el sofisma de la ingobernabilidad pretenden reformar el marco jurídico regulatorio del sector público y abrir paso a un modelo autoritario, refractario a la supervisión y a la rendición de cuentas, además alcahuete con la pandemia de la corrupción.
Claro, hay que hacer cambios, no solo de leyes y reglamentos; también es preciso ocuparse de exigir aptitud gerencial en los mandos del Estado y de sus instituciones. Mientras no se ataque ese mal de la pésima gestión administrativa no habrá Mandrake capaz de sacar del sombrero un modelo de Estado eficiente.
Es una tara que se arrastra desde hace rato, con graves consecuencias. Veamos, si no, a la Caja de Seguro Social sumida en una peligrosa crisis con el régimen de pensiones “en cuidados intensivos” según advirtió la SUPEN.
La provisión de agua potable afronta serias limitaciones y la disposición de las aguas negras ha convertido los ríos en un asqueroso albañal, cruda realidad que degrada los esfuerzos por hacer del nuestro un “país verde”.
Ni que decir del colapso en la infraestructura vial y de la pavorosa incompetencia del MOPT y de sus entes adjuntos. Hay servicios eléctricos de primera, pero a qué precios y por qué.
En una década se duplicó la tasa de homicidios y se triplicaron los robos y hurtos con violencia. El régimen carcelario hace aguas y arrastra a la sociedad a secuelas que acentúan más la inseguridad. La mora judicial hace estragos. El modelo de desarrollo ha partido en dos la estructura social y económica por obra de que solo para unas actividades ha habido una dinámica política pública con suficiente apoyo institucional, sesgo causante de penosos resultados en equidad y determina la presencia sostenida de un quinto de la población en pobreza.
De aquí en adelante —se lee en el Informe del Estado de la Nación— “mejoras significativas en la operación del Estado y en la promoción del desarrollo humano inspiradas en la productividad económica y la equidad social, dependen de profundas reformas que van mucho más allá de la apertura de la economía. Ya los parches no alcanzan”.
El problema no es la ingobernabilidad sino la incapacidad de gestión. La padecemos como tara que va más allá de la incompetencia característica del gobierno Chinchilla.
Es de efecto depredador en un Estado que ya venía con cojera y tortedad. Lo de la pobreza y la inequidad, lo de la Caja, lo de las aguas, lo de la infraestructura vial, lo de la electricidad, los privilegios de sindicatos (pluses) y de empresarios (exenciones) ahogan las finanzas públicas… todos esos males vienen de más atrás, promovidos y consolidados no por obra de un espíritu sino de seres de carne y hueso que han gozado de la impunidad y también de la alcahuetería de los honrados ciudadanos (que los hay), inertes ante el cucarachero que es plaga en los pasillos del gobierno y de la política. No hay quién responda de esta bancarrota.

Álvaro Madrigal

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