¿De qué estamos hablando?
Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 09 diciembre, 2008
Pedro Oller
El problema fundamental del anuncio hecho por el Ministro de la Presidencia, sobre su intención de convocar un proyecto de reforma constitucional, es la falta de información respecto de un tema sumamente delicado. Pero no es el único.Hay un recuento de las tres vías para la convocatoria, previéndose como la más factible la del referéndum, se menciona la existencia de un supuesto “proyecto” —cuyos alcances se desconocen— elaborado por un grupo de especialistas afines al gobierno y que abarca diez áreas que no se definen. Difícil para cualquiera emitir criterio sobre estas bases meramente procedimentales que esconden el fondo, así es que lo haremos sobre las escuetas declaraciones de don Rodrigo.
Primero, la convocatoria de una constituyente según la entrevista publicada adolece de dos defectos adicionales: Su clara connotación proselitista y personalista. El hecho de que don Johnny, y solo él además de los Arias, conociera de la existencia del “proyecto” y lo adopte como caballo de batalla ciertamente limitaría su discusión a un tema de convención interna del PLN. Si a esto añadimos el que el propio Arias se vislumbre como constituyente, por sentimentalismo de nieto o protagonismo político, la cosa se percibe aún más condicionada.
Segundo, la Constitución no es la responsable de la parálisis jurídica ni de la ingobernabilidad ni del cansancio presidencial. Otras son las causas, derivadas de una maraña legalista (no constitucionalista) y de una deficiente labor legislativa y de aplicación de las leyes por parte de las autoridades. Podría decirse más bien que la Constitución Política en este país nunca ha estado más viva, ni su clausulado más abierto a la interpretación de conformidad con los tiempos que en momentos en que la Sala Constitucional rige omnipotente y omnipresente. Falso entonces que estemos ante un marco constitucional desvinculado de la realidad.
Tercero, los referentes de reforma constitucional — sobre todo en Latinoamérica— responden al deseo de las cúpulas de turno de perpetuarse en el poder y no han generado cambios cualitativos en la aplicación de la ley. Cuéntese por excepción la constituyente colombiana de 1991 que, sin embargo, no incluye tema (sobre todo en sus reformas posteriores) que no esté regulado por nuestra Constitución Política actual.
Por último, ¿será una constituyente la respuesta para este país en este momento? Coincido con don Alberto Cañas en que es inoportuna, en momentos en que el país se debate entre distintas y encontradas posiciones ideológicas. No precisamente el caldo de cultivo para una Asamblea Constituyente.
En un país en el que la suspicacia ha terminado con la buena fe, está claro que hasta que no se conozca el proyecto este debe entenderse como una ocurrencia en época electoral de alguien que quiere trascender los cuatro años de mandato que el pueblo le encargó a su hermano. Y en esas condiciones es poco serio hablar del tema.
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