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La entrada en vigor de requisitos como licencia de conducir, marchamo al día, revisión técnica y placa para quienes utilizan bicimotos busca poner orden en un segmento de la movilidad que ha crecido aceleradamente en los últimos años.
La medida surge en un contexto de preocupación por la seguridad vial, especialmente ante el aumento de vehículos capaces de alcanzar velocidades elevadas que circulan sin las mismas obligaciones exigidas a motocicletas y otros automotores.
Sin embargo, para David Gómez, experto en movilidad sostenible, la regulación por sí sola tendrá un alcance limitado si no se acompaña de una mayor capacidad de fiscalización y de políticas que fomenten alternativas de transporte más seguras.
El especialista considera que el país debe apostar por infraestructura ciclista, incentivos para la micromovilidad y controles más efectivos para lograr una reducción sostenida de accidentes y mejorar la convivencia en las vías.
La Policía de Tránsito busca ordenar la circulación de las bicimotos y exigir requisitos como licencia, placa, inspección técnica y marchamo. Desde una perspectiva de movilidad y seguridad vial, ¿qué impacto real podría tener esta medida en la reducción de accidentes y muertes en carretera?
El impacto en seguridad vial es relevante, ya que actualmente muchas personas se movilizan en vehículos capaces de alcanzar altas velocidades, pero sin usar cascos, tener seguros o licencias que mitiguen las lesiones e implicaciones legales de eventuales siniestros viales. Si la gente quiere moverse a alta velocidad, debe cumplir con los requerimientos para hacerlo.
La Policía de Tránsito ha señalado que no realizará operativos permanentes, sino controles aleatorios. ¿Considera que este esquema de fiscalización será suficiente para lograr un cambio de comportamiento entre los conductores de bicimotos o existe el riesgo de que la normativa tenga un alcance limitado?
De ninguna manera. Está más que probado que la capacidad actual de fiscalización de la Policía de Tránsito es sumamente limitada. Los controles aleatorios van a dejar por fuera a muchísimos infractores y son controles muy difíciles de sostener en el tiempo. Como ejemplo, tenemos los operativos de control de parqueo, que fueron intensos por unos meses y ahora se limitan a grandes eventos como conciertos o partidos de fútbol. La gente en Costa Rica sigue parqueando en cualquier lugar, sin ningún temor a sanciones. Para toda acción de control vial tenemos capacidades limitadísimas.
Durante años, muchas bicimotos circularon sin controles ni requisitos claros. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará el Estado para incorporar a estos usuarios al marco regulatorio sin generar altos niveles de incumplimiento o informalidad?
El reto principal es que, ante la baja capacidad de control, las cosas sigan igual. El Estado debería enfocarse en la construcción de infraestructura ciclista segura que haga atractiva la bicicleta como medio de transporte, de manera que las personas que actualmente usan bicimotos para trabajar encuentren más conveniente hacerlo en bicicletas electroasistidas. En ese sentido, también es importante que el Estado cree incentivos para la adquisición de estos vehículos.
¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre la seguridad vial y la necesidad de mantener opciones de movilidad accesibles para la población?
Creando incentivos para la micromovilidad, como infraestructura ciclista, cicloparqueos preferenciales, y endureciendo las sanciones y controles. Es el camino que han tomado países que han salido adelante en este tema.
Más allá de las sanciones, ¿qué otras acciones —como campañas educativas, infraestructura o programas de regularización— deberían acompañar esta medida para que tenga resultados sostenibles en materia de seguridad vial y convivencia en las vías?
La educación en este aspecto es complementaria. Es más importante crear incentivos fiscales para bajar el precio de bicicletas electroasistidas, crear bancos de baterías de acceso público y, por supuesto, más y mejor infraestructura ciclista. También puede ser útil crear campañas de donación de cascos.
¿Son suficientes estas medidas para garantizar la seguridad vial de estos conductores?
No lo son. Con la capacidad de control actual de la Policía de Tránsito no se va a detener el fenómeno, solamente lo va a apaciguar temporalmente.
