Estas atribuciones derivan del poder de imperio o soberanía del Estado para tutelar varios bienes jurídicos, como lo es la correcta obtención de recursos para los cumplimientos de sus fines, el deber de solidaridad que tienen los sujetos pasivos para sostener los gastos públicos, el derecho a la igualdad, así como la tutela de requisitos de ingreso y salida de mercancías de carácter no tributario, que pueden incidir en la salud pública, el ambiente y la seguridad nacional.