¿Cuál es el impacto si Costa Rica se sale de la Corte IDH?
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Luego de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el matrimonio igualitario, uno de los temas más polémicos es la salida de dicho organismo propuesta por Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional.

Sin embargo, es una aclaración que no se pueda tomar a la ligera, ya que en caso de que el candidato de RN llegara a Zapote y continuara con esta decisión, tendría que activar mecanismos internacionales y esperar una respuesta.

Salirse del sistema traería un impacto en la imagen del país, en temas de derechos humanos y hasta siendo sede de la misma Corte, según analistas políticos e internacionales.

“Es dejar indefensos a los habitantes de una autoridad como la Corte IDH. El primer perjudicado es el ciudadano costarricense. Ya que pierde posibilidad de una protección internacional de los derechos humanos”, comentó Carlos Cascante, analista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA).

A su vez, se debe tomar en cuenta la imagen de Costa Rica como país, que se ha trabajado por años y que sería la segunda afectada ante la vista internacional.

“Todo el discurso construido a partir de la Segunda República, que son 60 años de estar trabajando en ese discurso, sería en vano. Es votar 60 años de legado y construcción de imagen internacional en esa línea”, añadió Cascante.

En caso de que Fabricio Alvarado decidiera salirse de la Corte, tomaría mínimo 12 meses para que se haga efectivo, en tanto, los fallos ya dados por la misma entidad u opiniones consultivas mantienen su vigencia y deberán cumplirse aunque se salga del ente.

“El artículo 78 de la Convención establece que todos aquellos compromisos que Costa Rica tiene en el marco de los derechos humanos y que haya adquirido siendo parte de la Convención mantienen su vigencia. No es que los compromisos adquiridos se eliminan o desaparecen, siguen vigentes y se deben cumplir”, comentó Carlos Murillo, analista político. 

Para Murillo durante la campaña electoral se manipuló la información, aprovechando la falta de conocimiento de los costarricenses, un error que asegura está pasando la factura, ya que los votantes no leen ni se informan.

“Todo lo que dijo la Opinión Consultiva ya está en vigencia en nuestro país, el argumentar que es un atentado a la familia, es decir, que la normativa costarricense también atenta contra la familia, es una gravísima manipulación y engaño de líderes políticos”, finalizó Murillo.

Lo que la Corte recomendó es especificar los términos en cuanto a matrimonios entre personas del mismo sexo y los nombres en las cédulas para las personas transgénero.

Se debe aclarar que la Corte y la Convención se encargan de defender todo tipo de derecho humano, como educativo, salud, vivienda o de un estado que viole las libertades del ciudadano.

“Se pierde la credibilidad y legitimidad de Costa Rica en los foros internacionales, porque ya no podemos llegar a decir que apoyamos o defendemos los derechos humanos dentro o fuera del país”, finalizó Murillo.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra integrado por dos subsistemas de protección: uno derivado de la Carta de la OEA (cuyo órgano competente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y otro que se origina en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (donde se articula un sistema
entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Costa Rica tiene dos tratados con la Corte, uno de ellos es ser sede de esta desde su fundación, hace 40 años, y el otro
aceptar la jurisdicción de la misma.

Pasos para salir de la Corte IDH

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establece en el art. 78 lo siguiente:

  • Los Estados pueden denunciar la convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma
  • Tienen que hacer un preaviso de un año
  • Notificar al Secretario General de la OEA
  • Los Estados dan por terminadas sus obligaciones jurídicas en virtud de un tratado.

 

Fuente: Cancillería de la República



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