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El congresista republicano de los Estados Unidos Mario Rafael Díaz-Balart, afín al presidente Donald Trump, reiteró su preocupación por la situación política de Costa Rica y aseguró que buscará que la asistencia estadounidense continúe dirigiéndose únicamente a aliados que “respeten principios democráticos fundamentales”.
El comentario lo hizo en cuenta de X tras reunirse hoy con Catalina Crespo, embajadora de Costa Rica en Washington.
Díaz-Balart es presidente de la Subcomisión de Asignaciones sobre Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, órgano de la Cámara de Representantes encargado de definir los fondos destinados a seguridad nacional y prioridades en el exterior.
“Como presidente de la subcomisión (…) tengo el deber de proteger los recursos aportados por los contribuyentes estadounidenses. A medida que avanzamos en el proceso para finalizar los proyectos de ley de financiación para el Año Fiscal 2026, quiero asegurarme de que sigamos apoyando a nuestros aliados que respetan los principios democráticos fundamentales”, señaló el legislador en su red social.
El polírico destacó además que su legislación reconoce los esfuerzos de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la trata de personas.
Sin embargo, advirtió que “toda señal de retroceso en los principios democráticos fundamentales exige nuestra atención”.
El congresista convocó recientemente a una “reunión informativa” a la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, con el fin de aclarar inquietudes relacionadas con el proceso de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y la posibilidad de que este derive en su destitución.
En una publicación en X, Díaz-Balart afirmó que la posibilidad de remover a un mandatario “a pocos meses de las elecciones nacionales mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”.
os diputados analizan una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)para levantar la inmunidad del presidente Chaves y permitir que sea investigado por el presunto delito de beligerancia política, una figura que sanciona el uso de recursos públicos o manifestaciones electorales para favorecer a un partido o candidatura.
De ser encontrado culpable, Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargos en el Gobierno por hasta cuatro años, e incluso separado del cargo de presidente.
Esta es la segunda ocasión que Chaves enfrenta un proceso de esta naturaleza en lo que va del año. En el anterior proceso, relacionado con el supuesto delito de concusión —una forma de corrupción—, la moción no obtuvo los votos suficientes para prosperar en el plenario.
Chaves, quien ha insistido en que es víctima de una persecución política, aseguró que enfrentará este nuevo proceso “con la verdad, con la lógica y con el escrutinio de la razón”.
