Concesión de la trocha a Cacisa genera anticuerpos

Archivo La República

La adjudicación a la empresa Cacisa para supervisar la segunda parte de las obras en la trocha fronteriza fue el eje de la discusión en la última comparecencia de este tema.

En esta ocasión, declararon Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, y José Luis Salas, director del Conavi.

Los diputados señalaron deficiencias en los métodos de contratación administrativa e instaron al MOPT a dar un paso atrás en esta nueva adjudicación.

Castro admitió que la concesión otorgada a Cacisa para esta segunda etapa no es lo más conveniente, desde el punto de vista ético o moral, pero que jurídicamente era la que mejor cumplía con los requisitos del cartel de licitación.

Ante esto, Walter Céspedes, diputado del PUSC afirmó que tampoco es legal la contratación de Cacisa, puesto que esa empresa no se encontraba al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, en el momento que se presentó a concursar.

“Usted sabe que esta empresa para los costarricenses huele mal”, comentó Céspedes.

Por otra parte, se puso en tela de duda el decreto de emergencia que ha permitido una mayor rapidez en los procesos de contratación.

La diputada Patricia Pérez considera que el uso de una cortina de “decreto de emergencia”, muestra una clara intención del Poder Ejecutivo de evadir el control de la administración pública.

Además, por esas ventajas que se ofrecen en los procedimientos bajo este titular, la diputada del Movimiento Libertario solicitó su revocación, para establecer un mayor control en la segunda parte de obras en la trocha y evitar que se repitan las irregularidades de la primera etapa.

Desde junio de 2012 han pasado a declarar un total de 64 personas, desde empresarios privados hasta funcionarios públicos.

Se anunció que Patricia Pérez presentará una moción para llamar a la contralora Marta Acosta, para que brinde su versión de la historia.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net