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La ampliación de la carretera que conecta la capital con Cartago se acerca a su momento decisivo y, si todo sale a como está planeado, el concurso de licitación para escoger a la concesionaria iniciará a inicios del año entrante y las obras a principios de 2023.
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El proyecto, estimado en $410 millones, comprende la vía elevada más larga del país, entre la rotonda de las Garantías Sociales y Hacienda Vieja, así como la ampliación a tres carriles por sentido entre Hacienda Vieja y Taras, con mejoras en las intersecciones para evitar obstrucciones del tránsito en el tramo principal.
Los estudios técnicos y financieros para sacar la obra a concurso estarían listo en diciembre, se determinó en una reciente reunión entre representantes de la empresa Meco, promotora del proyecto, y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
“El tema técnico de diseños, de anteproyecto, está todo terminado; estamos más que nada validando el tema de expropiaciones de asentamientos en la Cuesta del Fierro, que son esas cosas que en Costa Rica son complicadas”, destacó José Manuel Sáenz, jerarca del CNC.
Una vez completados los estudios, se espera que la revisión y la elaboración del cartel y del contrato tomen entre uno y dos meses.
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“Lo que quiere decir que haciendo la revisión necesaria y teniendo la aprobación del modelo financiero por parte de Aresep y el tema de contingencias fiscales por crédito público de Hacienda es muy probable que a principios del año entrante se esté sacando el cartel a licitación”, adelantó el encargado de Concesiones.
El programa preliminar apunta a que se darían cuatro meses para que las empresas interesadas revisen el cartel y presenten sus ofertas; luego otros tres meses para adjudicar, siempre que no se presenten apelaciones; dos meses más para la firma del contrato y un tiempo adicional para afinar los diseños finales.
“Esto nos lleva a que será a principios del año 2023 cuando podremos empezarse a ver obras”, estimó Sáenz.
Este proyecto se impulsa mediante concesión por iniciativa privada, una figura que faculta a empresas proponer obras de infraestructura de interés que, de ser aprobadas por la administración, podrán completar los estudios básicos para sacarlas a concurso.
En ese escenario, el proponente podrá participar en el concurso en igualdad de condiciones con los demás interesados y, de no ganar, será indemnizado por los estudios y demás inversiones realizadas por parte del grupo ganador.
