En medio del proceso judicial que enfrenta Celso Gamboa por un supuesto tráfico de influencias aquí en Costa Rica, el exmagistrado insinuó que existen personas en Costa Rica que no desean que él abandone el país y sea extraditado a los Estados Unidos para enfrentar otra causa penal por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas.
“Yo me pregunto entonces: ¿Qué será? ¿Qué hay gente en este país que no quiere que yo sea extraditado? ¿Qué hay gente a la que no le conviene que yo me vaya de Costa Rica y enfrente los problemas que dicen que tengo en Estados Unidos? Bueno, yo ya no sé, porque estas causas, una tras otra, fueron fabricadas”, declaró Gamboa, requerido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
El exfuncionario, detenido por supuestamente liderar una banda que enviaba droga al territorio estadounidense, aseguró que no busca “lástima, clemencia ni estrategias para retrasar” el proceso, y que quiere “hacer frente a su destino cuanto antes y resolver sus problemas”.
Gamboa ha rechazado la extradición voluntaria, por lo que un tribunal costarricense analiza su caso y deberá resolver en un plazo máximo de dos meses si procede su entrega a las autoridades estadounidenses.
Causa penal en el país
En nuestro país, Gamboa es acusado de tráfico de influencias y enfrenta un juicio en este momento.
Por falta de pruebas la Fiscalía solicitó la semana pasada la absolutoria del exalcalde capitalino Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal subrogante Berenice Smith, por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Según la tesis inicial del Ministerio Público, Gamboa y Smith habrían influido para que se eliminara el nombre de Johnny Araya de una causa penal relacionada con un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública, lo cual le habría allanado el camino para competir en las elecciones municipales de ese mismo año.
El caso se centró en el testimonio de Natalia Rojas Méndez, quien entonces trabajaba en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Rojas afirmó que en la primera semana de enero de 2016 fue convocada a una reunión con Smith y Gamboa, donde este último le consultó por la situación jurídica de Araya.





































