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Cárcel entre 18 y 36 años, sin posibilidad de reducción ni prescripción del delito, es la pena que plantea un proyecto de ley presentado por organizaciones del Magisterio Nacional y sectores sindicales para castigar la malversación de recursos públicos destinados a pensiones, obras sociales e infraestructura.
La propuesta busca cerrar vacíos legales que, según sus impulsores, han permitido el uso indebido de fondos aportados durante décadas por el personal docente.
Y es que, según ellos, las personas jubiladas del Magisterio cotizaron de forma obligatoria y continua durante décadas, en muchos casos con aportes superiores a los de otros regímenes; sin embargo, esos recursos no se consolidaron en un fondo de pensiones, sino que fueron utilizados por el Estado para otros fines.
Ante la inexistencia de ese fondo, el pago de las pensiones pasó a realizarse posteriormente con cargo al Presupuesto Nacional mediante el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), lo que ha derivado en recortes, congelamientos y en una narrativa que desconoce el carácter contributivo de estas pensiones.
La iniciativa fue expuesta por representantes de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).
Las agrupaciones subrayaron el papel histórico de la educación pública y del cuerpo docente en el desarrollo del país, y recordaron que Costa Rica figura entre los países con desarrollo humano muy alto, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 2025 del PNUD, y ocupa el tercer lugar de América Latina y el Caribe en el Índice Global de Oportunidades 2025 del Milken Institute, resultados asociados a la calidad del capital humano.
También se dio a conocer la posición de varias candidaturas presidenciales sobre el proyecto, como parte de un ejercicio de transparencia en el contexto electoral.
Las candidaturas de Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo, Douglas Caamaño y Ariel Robles expresaron su respaldo a una iniciativa que corrija las afectaciones al RTR.
La propuesta no responde a una coyuntura electoral, sino a la necesidad de corregir una distorsión histórica, fortalecer la institucionalidad democrática y sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos para proteger derechos adquiridos y la confianza ciudadana, de acuerdo con los organizadores.
