Burócratas solo recibirían cinco años de dedicación exclusiva

En vez de ser un incentivo que se disfruta durante toda la vida laboral, la dedicación exclusiva sería válida solo por un periodo máximo de cinco años.

Esto en caso de aprobarse el megaproyecto fiscal que propuso el gobierno para mitigar el déficit.

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Sin embargo, restringir el beneficio no sería nada fácil, ya que para los sindicatos se trata de un derecho adquirido.

Si se limita la dedicación exclusiva y se recorta el gasto en anualidades y disponibilidad, como pretende el gobierno, habría una guerra declarada entre el mandatario y los burócratas.

Si el Gobierno sigue pagando la dedicación exclusiva, significaría un gasto de unos ¢115 mil millones al año, lo cual, representa cerca del 12% de la partida de incentivos salariales para este año.

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Aunque Liberación Nacional está a favor de restringir ese gasto, los verdiblancos creen que ya hay propuestas más avanzadas, por lo que no quieren iniciar desde cero.

“Varias iniciativas se encuentran avanzadas en trámite legislativo, ya han sido revisadas y analizadas por instituciones públicas y especialistas, por lo que esta nueva propuesta del Ejecutivo genera duplicidad”, asegura Sandra Piszk, diputada liberacionista.

Para el Movimiento Libertario, el proyecto de ley debe homogeneizar las erogaciones por dedicación exclusiva como prohibición, así como los requisitos mínimos para su otorgamiento y los mecanismos de control en dicha materia.

“El proyecto de ley debería contemplar que la dedicación exclusiva se aplique únicamente para carreras afines a la función que se ejerce. Continuar con esos modelos de salario, es insostenible y contribuyen en gran medida al incremento en el gasto público”, destacó Natalia Díaz, diputada del Movimiento Libertario.

Para algunos diputados, esta iniciativa y en general el megaproyecto es un cheque en blanco, porque plantea muchas reformas del lado de los ingresos, sobre todo, incorporando el impuesto de valor agregado y de renta, pero muy pocas del lado de los gastos.

El principal opositor es el Frente Amplio que no permitirá discusiones aisladas, mientras no haya un acuerdo en materia de ingresos.

“La iniciativa no ofrece suficiente en cuanto a la contención de gasto y por si fuera poco, establece un IVA más alto de lo previsto con un 15%, lo cual es una medida altamente regresiva”, afirmó Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio.