Solís confirma el legado de Gobierno gastón
Incremento en remuneraciones se disfraza con una reducción en la inversión
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Con otro fuerte aumento en la compensación de los funcionarios públicos, Luis Guillermo Solís consolida el legado de su gobierno como el segundo más gastón del siglo XXI en lo que a salarios se refiere, detrás del exmandatario Óscar Arias.
El presupuesto presentado la semana pasada plantea un incremento general del 3,2% con respecto a 2016, lo que es razonable ante la expectativa de la inflación para el año entrante.
Sin embargo, el gasto en remuneraciones aumentará casi un 7%, más del doble de la inflación en los últimos años.
Se trata de un escalón más en la compensación de los funcionarios públicos, que en los cuatro presupuestos de este Gobierno aumentó un 34%.
Lea más: Salarios de burócratas hunden economía
En comparación, el incremento acumulado en este rubro durante la administración de Laura Chinchilla fue de solo el 22%.
Se trata en ambos casos de montos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación e incluyendo los salarios, así como dos tercios de las transferencias, que representan la compensación a empleados de varios entes públicos descentralizados, pagada por el Gobierno central.
Mientras tanto, la reducción de los montos destinados a inversión, tanto en infraestructura como bienes duraderos, ha maquillado el presupuesto para que el incremento del 3,2% no parezca tan alto.
La consecuencia de tal estrategia será de ¢120 mil millones menos para obras públicas y compra de bienes, lo que deja la ya magra partida de inversión en solo ¢548 mil millones.
En tanto, el pago por el servicio de la deuda en 2018 se mantendrá casi tablas respecto al presupuesto de este año en ¢2,9 billones.
Esto se debe a que mientras el pago de intereses aumentará en ¢293 mil millones, la amortización del principal se reduce en casi la misma cuantía.
Esto no quiere decir que no haya aumento de la deuda, ya que los ingresos del país son insuficientes para hacer frente a los gastos en su totalidad.
De hecho, el 44% del presupuesto se financiará con emisión de deuda, es decir, unos ¢4 billones.
Si bien el gobierno busca mostrar austeridad en el nuevo presupuesto, lo cierto es que hasta que no se discuta de fondo la política salarial los desequilibrios seguirán existiendo.
Lea más: ¿Quiénes serán los mejor pagados según el presupuesto 2018?
Por su parte, varios gremios han puesto el grito en el cielo al considerar que el aumento de casi el 7% es bajo, estimando que la inflación reduciría el valor real de sus ingresos, mientras la Universidad Nacional se encuentra en huelga por esa misma razón.
La realidad es que el salario de cada empleado público aumentó un 48% por sobre la inflación en los últimos ocho años, lo que sitúa a los trabajadores estatales como claros ganadores.
El desbalance entre ingresos y gastos del Estado llama a la mesura.
El gobierno ha propuesto una reforma fiscal pero la solución sería temporal, ya que mientras existan conceptos como anualidades, que plantean incrementos automáticos sin tener en cuenta la inflación y los ingresos del Estado, el problema seguirá existiendo.
El sector privado, por su parte, así como la oposición, han mostrado voluntad de aprobar la reforma fiscal a cambio de una reestructuración de los gastos del Gobierno.
Cámaras no convencidas
Los intentos de contener el gasto público por parte del gobierno de Luis Guillermo Solís llegan a destiempo, lo que demuestra inconsecuencia en cuanto al manejo financiero del Estado.
Francisco Gamboa
Director ejecutivo
Cámara de Industrias
Cuando vemos el bosque y no el árbol, debemos afirmar que no ha sido consecuente con su prédica de contención del gasto.
Con este aumento del 3,2% para 2018, la actual administración habría incrementado el presupuesto en casi un 40% acumulado.
Eso es un promedio anual de crecimiento del 10%, que supera por mucho la inflación que en promedio anual ha sido de apenas el 1,3%.
La deuda ya alcanza el 53% del PIB según estimaciones de Hacienda.
Franco Arturo Pacheco
Presidente
UCCAEP
La decisión del gobierno de reducir gastos llega muy tarde, además, se debe tomar en cuenta que a esta administración le restan pocos meses.
El problema del alto déficit fiscal y la tendencia creciente del saldo de la deuda se observa desde hace varios años, por lo que no es de recibo que, en los primeros años de gobierno, no se haya trabajado en una verdadera contención del gasto público.
Este gobierno no ha sido consecuente con el manejo de su política fiscal.
Alonso Elizondo
Director ejecutivo
Cámara de Comercio
Si comparamos el presupuesto presentado por el Gobierno para 2018, con los presupuestos de los años anteriores, es evidente que existe un esfuerzo por contener el gasto.
No obstante, es de conocimiento público que existen obligaciones legales que no se pueden obviar y generan un crecimiento inercial todos los años del plan de gastos.
Pensamos que primero es necesaria la contención del gasto, previo a la discusión de nuevos impuestos.
Partidos preocupados
Varios partidos opositores concuerdan en que no se puede seguir por los déficits crónicos.
Paulina Ramírez
Diputada
Liberación Nacional
Vamos a revisar cuáles son las razones para que suba tanto el rubro de remuneraciones, pero principalmente es el crecimiento de 4 mil plazas para educación y el Ministerio de Seguridad Pública en momentos en que esto no se puede dar. El Gobierno evidencia que no hay ningún ámbito de acción para controlar los disparadores del gasto y poca contención.
Rosibel Ramos
Diputada
Unidad Social Cristiana
No se puede en momentos de crisis fiscal estar solicitando más plazas, se debe más bien revisar los pluses y las anualidades de los funcionarios públicos.
Esperemos que llegue el momento en que se pueda contratar más personal en el MEP y en Seguridad Pública, pero por ahora no se puede.
Otto Guevara
Diputado
Movimiento Libertario
El alza en los salarios públicos se debe a un incremento en la planilla y a derechos adquiridos por los trabajadores, pero esto deja una vez más en evidencia la necesidad de frenar los pluses y las convenciones colectivas, tema que no ha querido abordar este gobierno.
