Buena política arrocera

El gobierno de la República ha establecido una serie de medidas que tienen como meta liberar el comercio del arroz eliminando el sistema que viene imperando desde hace tiempo y que, debo confesar, en parte también se dio durante el período en que me tocó gobernar.

Con esas medidas se elimina la fijación de precio mínimo al arroz, se disminuyeron sustancialmente los aranceles a su importación (de 36% a un 5% para el arroz pilado y se fija en 4,5% para arroz en granza), se permite la importación de arroz pilado sin fortificar lo que incrementa las fuentes de suministro de este bien que sería fortificado en el país. De esta manera desaparece la necesidad de decretar desabasto del arroz, y de permitir su importación por un sector favorecido, que no pagaba el arancel y podía ganarse la diferencia de precio interno establecido con base en ese arancel no pagado.

Estas medidas las complementa el gobierno con la propuesta de un proyecto de ley para dar un subsidio a los pequeños arroceros que son una mayoría de quienes cultivan ese grano, pero que producen una cantidad muy pequeña de ese cereal.

Son medidas muy convenientes. Son medidas favorables a los consumidores pues permitirán una disminución del precio del arroz. Son medidas en especial favorables para las familias de menores ingresos, para las familias pobres, que dedican una porción muy considerable de su ingreso a la compra de alimentos, y específicamente a la compra de arroz.

Durante el gobierno 1998-2002 disminuyeron sustancialmente los impuestos a la importación de bienes y se eliminó la mayor parte de la fijación estatal de precios. Pero en unos muy pocos casos la disminución no fue suficiente, uno de ellos fue el caso del arroz.

Por eso escribí una carta al Presidente Electo Abel Pacheco en la cual le expuse las medidas que se habían venido dando durante los últimos años y proponiendo un cambio sustancial de esa política.

Señalé en abril hace 20 años: “Un detenido análisis me ha llegado a convencer que este sistema que ha imperado en el país por varias décadas y que mi propio gobierno ha continuado es injusto. En primer lugar, resulta proporcionalmente más costoso para las familias pobres, pues hace que el precio del arroz sea más alto y las familias pobres gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en arroz que las familias de más recursos. Por ejemplo, se estima que el consumo de arroz representa un 8.8% del ingreso promedio de las familias más pobres (decil 1), mientras que la clase alta únicamente utiliza un 0.8% de su ingreso promedio (decil 10) para consumir arroz. En consecuencia, el sistema es regresivo porque implica mayor costo proporcional para los que menos tienen.”

También indiqué: “Una segunda razón por la cual es injusto, es que, si bien favorece a los pequeños y medianos productores, también ayuda a aumentar excesivamente las ganancias de los grandes productores, quienes no se ven tan afectados por la problemática de los precios internacionales dado que ellos han alcanzado altos niveles de competitividad. Por ejemplo, solamente 41 de los 977 productores de arroz de la primera cosecha siembran el 39% del área sembrada. Si tomamos en cuenta que la productividad de estos grandes productores es mayor que la del resto, esto implica que ese escaso 4 por ciento de los productores obtiene casi la mitad de la primera cosecha de arroz. Con un sistema de protección como el actual, en que se incrementa el precio de venta para todos los productores, esto implica que casi la mitad de todo el apoyo para el sector arrocero, costeado por los consumidores, beneficia a 41 grandes productores de arroz. Centenares de miles de familias pagan más caro el arroz, en beneficio de un puñado de grandes productores. Esto es claramente injusto”.

Propuse medidas para desmantelar el sistema injusto imperante y cambiar por subsidios transparentes y solo por cinco años a los pequeños arroceros con cargo al presupuesto nacional, y me opuse a la Ley de establecimiento de la Corporación Arrocera que no sancioné.

Pero después de mi gobierno la Corporación entró en funciones, el sistema se consolidó y se hizo aún más gravoso para los consumidores.

Con respecto al impacto de la política arrocera en favor de incrementar la productividad nacional del grano un informe de OCDE de 2017 señaló: ““Así, resulta más que evidente que la política de regulación de precios del arroz no ha sido efectiva para aumentar la producción ni la productividad del sector. Asimismo, no ha sido efectiva en mejorar la situación de los pequeños productores del grano, que cíclicamente se ven en la incertidumbre de la compra del producto y del precio que recibirán por su cosecha de forma tal que se asegure su permanencia en el sector. La realidad viene a demostrar que por más de 20 años, la garantía de un precio artificialmente alto y que finalmente pagan los consumidores, no es suficiente para que el sector introduzca los cambios necesarios para aumentar su productividad y ser más competitivo.”

Por todas esas razones es causa de alegría que finalmente el gobierno actual esté poniendo coto a esta injusticia.