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Sábado, 14 de diciembre de 2019



COLUMNISTAS


Bolivia recupera la vía democrática

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 18 noviembre, 2019


No ha sido un golpe de estado.

Un referente histórico del justicialismo argentino, Jorge Rulli, militó en esas filas desde la clandestinidad, cuando el peronismo era prohibido. Sufrió persecución cárcel, tortura, exilio. Opina sobre los sucesos en Bolivia: “no es un golpe de Estado porque nadie quiere hacerse cargo del Estado” (la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia cuando quienes la antecedían en la línea sucesoria renunciaron junto con Morales a sus cargos) Y señala que se repite la historia “de líderes progresistas que, en nombre de banderas justas, cometen errores, cuando no tropelías -doble discurso o “relato”, corrupción, abusos institucionales, etcétera- y luego, cuando la tensión estalla, se victimizan.”

Veamos los antecedentes.

Evo Morales es electo legítimamente el 22 de enero de 2006 como el primer Presidente aymara de Bolivia. En el período de auge de los precios de los recursos mineros realiza una exitosa política de crecimiento económico y participación en sus frutos de la población indígena. De 2006 a 2018 el PIB per cápita subió de $1100 a $3370, la pobreza se redujo de 59,9 a 34,6. La expectativa de vida subió de 65,9 a 70,9 años, el analfabetismo de 13,3 a 2,5% y la tasa neta de ingreso a primer grado de mujeres pasó de 73,9% a 96,5% desde el primero de esos años hasta 2017. Todo según datos del Banco Mundial

Pero este éxito se vio opacado por una política de limitación a las libertades públicas y de medidas antidemocráticas para perpetuarse en el poder. Ejemplo de esa actitud irrespetuosa de los derechos humanos fue la ley de Telecomunicaciones de 2011, que pone en riesgo el derecho a la intimidad y concentra en el Estado una gran proporción de los medios de comunicación radiales y televisivos.

Las más graves acciones en contra de la democracia y el estado de derecho se dieron para asegurar el poder en manos del Presidente Morales.

En 2009 al amparo de una nueva constitución pactada políticamente se establece que presidente pueda ser reelecto por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución serían tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones.

El Presidente Evo Morales es reelecto con esa norma para el período que inicia en 2010, a pesar de que la constitución al amparo de la cual fue electo establecía que cuando la reforma constitucional sea relativa al mandato del Presidente, ésta será cumplida sólo en el siguiente período -previsión que buscaba impedir enmiendas constitucionales en beneficio de quien ejerce el poder.

De nuevo, no obstante la limitación de la reelección a un solo período y gracias a una interpretación jalada del pelo de que no se le aplica el primer período por haberse dado al amparo de la constitución anterior, se legitima para presentarse a una nueva elección e inicia su tercer período en 2015.

Para poder seguir en el ejercicio del poder después de 15 años, en 2016 convoca a un referéndum para que los ciudadanos eliminen la prohibición a la reelección indefinida, y lo pierde.

Pero a pesar de su compromiso de respetar la determinación de sus conciudadanos, el Presidente Morales logra que el Tribunal Constitucional Plurinacional nombrado por su partido político, interprete a contra pelo de la lógica y del sentido común que la disposición que prohíbe la reelección indefinida es inconstitucional pues violenta un derecho humano.

Se presenta para un cuarto período. Desde el mismo día de las elecciones queda claro que se dan múltiples irregularidades. El reporte de resultados se interrumpe arbitrariamente cuando se lleva registrado un 83,76% de los votos que determinaba que se debería ir a una segunda vuelta electoral. Cuando el conteo se reanuda un día después, de manera increíble se rompe la clara tendencia estadística y aparece el Presidente Morales ganando en la primera vuelta. La misión de observadores de la OEA encabezada por nuestro excanciller Manuel González señala que por las irregularidades y primeros resultados se debe ir a una segunda vuelta electoral.

Da inicio una serie de manifestaciones populares exigiendo el respeto a la democracia, y, a pesar de las irregularidades, el Presidente Morales se declara ganador en la primera vuelta.

Un grupo de especialistas de la OEA hace un auditoraje y constata burdos fraudes que hacen imposible aceptar el triunfo de Morales. Constata que cuando se interrumpe arbitrariamente el conteo la información, antes de llegar al órgano electoral, se desvía a un no autorizado servidor BO20, que “no era controlado por la empresa auditora, ni funcionarios del SERECI (Servicio de Registro Cívico) ni técnicos de la DNTIC sino por alguien externo. No figura en los informes que nos entregó el tribunal, y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de OEA”. Ese paso no autorizado durante el cual la información fue totalmente vulnerable, no se dio sin premeditación. “Para la redirección del flujo de información generada en el SERECI hacia el servidor (BO20), se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el SERECI. Esto, a pesar de que en la red del TREP contaban con servidores preparados y bajo el control de la empresa auditora dentro de la red”. El cómputo final incluyó 1.575 actas contaminadas por este proceso, que corresponde a un aproximado de 350 mil votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40 mil votos.

Además, estableces este informe que se dio falsificación de firmas y alteración de actas, que se rompió la cadena de custodia y que los resultados del 5% final del recuento son altamente improbables. Concluye la auditoria: “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. (ver http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf)

Ante las acciones de las autoridades electorales y del Presidente Morales, las manifestaciones de repudio se intensifican con poca participación policial. En la última semana de noviembre las manifestaciones y su conflictividad se agigantan con el llamado del Presidente Morales a sus partidarios a proclamar su elección. La policía se manifiesta en varias ciudades contra el gobierno y se niega a impedir las protestas populares. El ejercito anuncia que no va a actuar contra los manifestantes, y sugiere al Presidente que renuncie para estabilizar el país.

Renuncia el Presidente Morales que se retira a la zona cocalera de Chapare en el centro del país, y renuncian también el Vicepresidente, la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados que son las personas llamadas constitucionalmente a la sucesión presidencial. Se producen atropellos en contra de las propiedades de dirigentes de uno y otro bando

Evo Morales se asila en México, y el Congreso ante la ausencia de integrantes del partido de Morales, no logra quorum para aceptar las renuncias y asignar la sucesión.

En esas condiciones la persona que sigue en la línea de sucesión, la segunda vicepresidenta del Senado, la Sra. Jeanine Añez, asume el ejercicio de la presidencia del Estado. El propio Tribunal Constitucional Plurinacional que interpretó a rajatabla el derecho de Morales a una reelección indefinida, aprueba el procedimiento que preserva el principio de continuidad del Estado, según el cual el funcionamiento del Ejecutivo no debe verse suspendido.

Se dio el rompimiento del orden constitucional con las acciones del Presidente Morales. Ante el vació de poder se siguió el procedimiento constitucional de relevo. Ni las fuerzas armadas ni una junta ad hoc asumieron el poder.

Desdichadamente se han dado abusos en las manifestaciones populares y el ejercito sugirió la renuncia del Presidente. Pero no creo que en buena lid se pueda catalogar los sucesos como un golpe contra el presidente que quiso perpetuarse en el poder contra la voluntad ciudadana.

Ahora toca integrar a la sociedad boliviana toda en el proceso democrático, sin exclusión alguna para el partido de Morales, restablecer el orden y la civilidad, preservar y continuar los avances de integración de los pueblos indígenas y efectuar elecciones antes de 90 días, con la integración de un órgano electoral satisfactoria para todas las partes por su independencia y capacidad, y con adecuada supervisión internacional.

Bolivia recupera la democracia.


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