Bancos públicos renuncian a la Asociación Bancaria Costarricense por pérdida de confianza

Un día después de que la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) lanzara señales disímiles sobre el proyecto de ley de estafas electrónicas, los bancos del Estado anunciaron su salida de la organización.

Se trata del BCR, el Banco Nacional y el Banco Popular, quienes informaron su dimisión por medio de un comunicado conjunto.

“La decisión responde a un quiebre de confianza generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios (expediente legislativo N.° 23.908), aprobado en primer debate por la Comisión Plena III de la Asamblea Legislativa. Los análisis técnicos señalan que este proyecto presenta debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias”, indica el comunicado.

Para los bancos públicos, la ley tiene riesgos de:

• Incremento de costos sistémicos que se trasladarán a los usuarios, afectando la inclusión financiera, tarifas, acceso a crédito y sostenibilidad del sistema financiero.

• Presenta contradicciones serias que generan desequilibrio.

• Es arbitraria, no se fundamenta en reglas de la ciencia y la técnica.

• Introduce esquemas de responsabilidad desproporcionados.

• Omite el concepto de culpa grave.

• No asigna responsabilidades efectivas para luchar contra el crimen organizado.

• Genera inseguridad jurídica y riesgos sistémicos que terminarían impactando a la ciudadanía.

La nueva ley en cuestión, que debe ser aprobada todavía en segundo debate por el Congreso, implica una mayor responsabilidad de las entidades financieras frente a las estafas electrónicas.

Y es que los bancos públicos y privados, y otras entidades financieras como cooperativas y mutuales, deberán asumir la responsabilidad y devolver el dinero a los usuarios que sean víctimas de estafas electrónicas, siempre que se confirme que el titular de la cuenta no actuó con dolo, incurrió en error ni realizó acciones que facilitaran la sustracción de los fondos.

¿Qué dijo la ABC?

En horas de la mañana de ayer, la ABC señaló que la propuesta “es equilibrada”, a la vez que "permite avanzar hacia un marco normativo equilibrado" para enfrentar este fenómeno criminal.

Horas más tarde, corrigió su opinión señalando que había elementos por mejorar, pero ya el daño reputacional estaba hecho.

“La iniciativa establece un principio de responsabilidad para las entidades financieras en la custodia de los recursos de sus clientes, pero introduce salvaguardias fundamentales que tutelan el debido equilibrio entre los derechos y deberes de las entidades bancarias y de los usuarios. Así, el proyecto aprobado reconoce causales eximentes de responsabilidad para las entidades, como, por ejemplo, en caso de dolo (autofraude) por parte del cliente u otras eximentes contempladas en el ordenamiento jurídico nacional. Además, el proyecto de ley introduce un procedimiento para ventilar las quejas y reclamaciones que los usuarios interpongan en caso de haber sufrido una estafa. Estas precisiones responden a observaciones técnicas planteadas durante el proceso legislativo y contribuyen a crear mayor claridad y certeza jurídica, y a evitar el riesgo de incentivar conductas que podrían favorecer el fraude”, según el pronunciamiento inicial.