Aumentos contra austeridad

La presidenta Laura Chinchilla y su ministro de Hacienda, Fernando Herrero, consideran que se debe aplicar la austeridad en el sector público, como una de las medidas para hacerle frente al déficit fiscal, que nadie desea se torne un problema mayor e inmanejable.

A pesar de eso, las fracciones de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y del Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa, pretenden aumentar el salario de los diputados en un 60%, lo que significaría un egreso de ¢85 millones mensuales más en el presupuesto nacional.

De acuerdo con esto también está el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, quien ha dicho que es necesario equiparar salarios y que “hay una gran diferencia entre lo que ganan los diputados y lo que ganan los magistrados” y que “ya es hora de que en Costa Rica tengamos a responsabilidades iguales, salarios similares”.

En efecto, probablemente no solo en el caso de los diputados haya diferencias salariales entre unos y otros empleados en las variadas dependencias de la administración, aun con el mismo grado de responsabilidad. Pero solo un estudio serio y general de la situación podría poner en su justa medida las cosas. No pareciera ser algo que se deba resolver en forma antojadiza y solo para un grupo de funcionarios.

No hay duda de que sería muy bueno que los empleados públicos no solo los diputados tuvieran salarios competitivos. Y que se establecieran de acuerdo con las capacidades y responsabilidades, ya que pareciera que no hay un manual de salarios actualizado.

Por ejemplo, si se habla de igual salario a igual responsabilidad hay que preguntarse también si hay iguales requerimientos académicos para optar a unos u otros cargos. Es apenas una de las muchas interrogantes que habría que responder para trazar un bien estudiado y diseñado plan de equiparación de salarios públicos.

Si los diputados y el Ministro de la Presidencia consideran que ha llegado la hora de hacer justicia en ese sentido, deberían hacerlo con toda la administración pública, no solo con los diputados. Porque muchos funcionarios podrían sentirse igualmente afectados si se comparan sus cargos y salarios con otros. Y ese sentimiento podría afectar las labores, lo cual significa afectarnos a todos.

El tema es delicado, pero han sido los propios diputados los que se han propuesto sacarlo a discusión pública.