Arizona y la ley antiinmigración

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Arizona y la ley antiinmigración

Luego de una de las peores crisis económicas, que ha significado la pérdida de millones de empleos, no es de extrañar que emerja a lo interno de los países una fuerte presión para restringir el flujo de inmigrantes legales e ilegales, siendo el eslabón más débil, estos últimos.

Si a esta presión se le da rienda suelta y además se le utiliza como un instrumento politiquero al calor y cálculo electoral, el resultado puede ser una legislación que no solo violente los derechos individuales sino un arma de doble filo. El ejemplo más reciente, la ley de inmigración de Arizona.

A la luz de las próximas elecciones de medio periodo, en el que estarán en juego la totalidad de los 435 escaños de la Casa de Representantes, y una tercera parte de los puestos del Senado, el ala más conservadora del partido republicano está utilizando la inmigración como caballo de batalla.

Paradójicamente, los republicanos han perdido una de las voces más sensatas en el tema, el senador y ex candidato presidencial, John McCain. Otrora, promotor junto al fallecido demócrata Edward Kennedy, quien prefirió no arriesgar su reelección al Senado.

McCain, quien representa justamente el estado de Arizona, y cuyo escaño está en juego en noviembre, ha encontrado oposición del ala más conservadora de su partido que amenaza su candidatura, a tal punto que tuvo que recurrir al respaldo de su ex compañera de fórmula, la ultraconservadora Sarah Palin.

The Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, mejor conocida como la SB 1070, fue recientemente firmada por la gobernadora Jan Brewer, quien para muchos no la vetó para no arriesgar tampoco su reelección.

La ley, que entrará en vigencia en julio o en agosto, es considerada como la más agresiva norma antiinmigración en el país, a tal punto que el presidente Obama la ha criticado fuertemente, y la Cancillería mexicana ha pedido a sus conciudadanos abstenerse de ir a Arizona.

Hay preocupación de que se abra una xenófoba persecución en contra de los inmigrantes, entre ellos los latinos, pues la legislación entre otros, penaliza la no portación de documentos de identidad que acrediten el estatus migratorio y da amplios poderes de detención a las fuerzas policiales. La situación puede incluso empeorar a raíz del fallido atentado en Times Square (Nueva York).

La mayor preocupación en realidad es que este sea un primer paso, que lleve a otros estados a promover legislación similar, o peor aún, que esta discusión se lleve a nivel nacional, en un momento en que la medida ante altos índices de desempleo sea un tema políticamente popular.

Además del retroceso en materia de derechos humanos y libertades públicas, esta sería una miope y acalorada medida de cortísimo plazo que le podría pasar una cara factura a Estados Unidos, pues es irrebatible la contribución económica, política y cultural de los inmigrantes legales e ilegales, que ha sido históricamente determinante en el poder y prosperidad de ese país.

Nuria Marín