Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Prohibir las llamadas "terapias de conversión" de identidad sexual es necesario en Costa Rica, ya que en estos momentos los guías espirituales le dicen a la gente que se les metió el diablo o están enfermos por sus preferencias sexuales, según Antonio Ortega, legislador del Frente Amplio.
Otras técnicas consideradas lesivas de los derechos más fundamentales e incluso torturas físicas son utilizadas por sacerdotes, pastores y otros que intentan eliminar la orientación sexual que no sea de su agrado, incluidos los golpes.
El diputado también se refirió a la oposición del presidente Rodrigo Chaves, quien no ha leído el proyecto de ley que se discute en el Congreso en torno a esta materia.
"Desde mi despacho, le vamos a enviar una copia del proyecto de ley al presidente para que conozca el texto sustitutivo, ya que él mismo ha reconocido que no ha leído el texto. De esta manera, se dará cuenta de que, lejos de discriminar o perseguir, esta iniciativa es un avance en materia de derechos humanos y responde a la vía costarricense", dijo Ortega.
El legislador señaló que la idea es que cualquier consejo espiritual "se dé desde un enfoque positivo sin decirle a la persona que está enferma o que tiene un demonio, y que necesita ser sanada", concluyó Ortega.
El proyecto prohíbe coaccionar o forzar a las personas para que oculten, cambien o nieguen sus características sexuales, expresión e identidad de género u orientación sexual. Del mismo modo, prohíbe intentar revertir la orientación de las personas a través de "curaciones o terapias".
Además, el texto de la ley prohíbe cualquier forma de propaganda o publicidad engañosa o ambigua que busque "cambiar" a las personas. En caso de que alguien promueva estas prácticas, se enfrentará a multas que van desde sesenta hasta cien días de salario mínimo.
Diversos informes señalan que algunas "terapias" destinadas a "curar" a personas LGTBIQ+ incluyen el celibato, la institucionalización psiquiátrica, la inanición, la esterilización involuntaria, la reclusión en centros religiosos, los campamentos de "conversión", las descargas eléctricas, el uso de drogas o hormonas, la cirugía, la detención o encarcelamiento, y las prácticas sexuales "correctivas".
