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Albino Vargas: “Ley de empleo público está herida de muerte”

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Domingo 21 noviembre, 2021 01:00 pm

Albino Vargas, secretario de la ANEP. Archivo/La República.
Albino Vargas, secretario de la ANEP. Archivo/La República.


Debido a que tiene diversos roces de ilegalidad, la ley de empleo público está herida de muerte, asevera Albino Vargas, secretario de la ANEP.

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La advertencia de la Corte de días pasados y más recientemente lo señalado por la Procuraduría, son llamadas de atención para el gobierno de Carlos Alvarado y los diputados para que no continúen con esta ley.

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Y es que la normativa en cuestión, que pretende establecer un mismo salario por puesto laboral para la administración pública, no ordenaría los regímenes salariales y al mismo tiempo, violentaría la independencia de poderes, según Vargas, quien se fundamenta en los criterios de la Corte y la Procuraduría.

“La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando inconvenientes a nivel jurídico; por una parte, por otra, contiene eventuales roces de constitucionalidad, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento”, dijo Vargas.

A mediados de agosto, el proyecto fue declarado como inconstitucional por los magistrados de la Sala IV debido a que el Ministerio de Planificación no podía ser el ente rector en materia de empleo para otros poderes de la República, como el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones,

Esto hizo que los diputados eliminaran de la normativa todos los elementos considerados ilegales y volviera al plenario para su votación en primer debate otra vez.

Sin embargo, la Corte Plena objetó la ley de empleo público el jueves anterior por segunda ocasión y puso en entredicho la legalidad de la normativa, a pesar de los arreglos que hicieron los legisladores de la normativa.

En caso de que se apruebe la ley de empleo público, el salario máximo que se pagaría en la administración estatal no podría ser mayor al que devenga el mandatario.

Sin embargo, la medida solo aplicaría para los nuevos burócratas y no para quienes hoy día ya ganan más de esa suma en universidades públicas, instituciones autónomas, Poder Judicial, municipalidades y algunas instituciones de gobierno central.


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