¿Se necesita una Constituyente?

Los problemas no solo no se resuelven sino que, en algunos casos, se consolidan o disparan

 ¿Se necesita una Constituyente?

En la llamada Junta de Notables (2012-13), de la cual participé, se plantearon temas, problemas y propuestas fundamentales sobre el papel, la organización y la operación del Estado costarricense y su relación con la sociedad. Pero se les relegó al archivo con grave daño para la institucionalidad del país.

A las más de 100 propuestas de reforma institucional se les dio el carpetazo con el argumento ingenuo de que bastaría con cambiar a los titulares del Ejecutivo y a los diputados y que, con ello, por arte de magia, los problemas se resolverían automáticamente.

Fuimos a las elecciones y se votó por un nuevo gobierno, pero los problemas no solo no se resuelven sino que, en algunos casos, se consolidan o disparan, aumentando con ello la inseguridad jurídica, política y económica. Además, se posterga la solución de problemas no solo en el orden institucional (entrabamiento de la Administración Pública, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, de los ciudadanos por múltiples y crecientes trámites y trabas administrativas), sino también, y lo más grave, de aquellos que aquejan directamente a los ciudadanos: DESEMPLEO, POBREZA, INEQUIDAD, INSEGURIDAD. Todo esto provoca una desesperanza creciente entre los costarricenses.

Los problemas del entrabamiento y del reglamento legislativos, por ejemplo, se siguen multiplicando. En el contexto actual, se juega al pelotazo y a la diatriba en nombre del control político, mientras el control que interesa a los ciudadanos queda relegado o minimizado. Se posterga la discusión de las reformas legislativas nacionales de fondo y se subrayan las reformas estéticas, corrongas o comunales. La Asamblea Legislativa estableció una Comisión para abordar los grandes temas de Estado, pero se posponen las discusiones y las decisiones.

Negando la existencia de problemas o buscando una reforma integral del reglamento legislativo, se pierde la oportunidad de las reformas puntuales indispensables: a) Plazo aprobación para proyectos de ley (tres al año del Poder Ejecutivo, uno al año a cada fracción); b) elección y papel del Directorio Legislativo (elección proporcional a las fracciones legislativas, sin mesas gallegas); c) sesiones ordinarias y extraordinarias de seis meses cada una, iniciando con las extraordinarias; d) quórum legislativo de mayoría absoluta para abrir sesión y para votar, pero no para sesionar; e) límites al filibusterismo en el Plenario; f) revisión del papel de las comisiones de investigación: solo para funcionarios públicos, derecho de defensa y plazo de votación; g) limitación de las mociones por el orden y por el fondo; h) limitación uso de la palabra por fracción o diputados, independiente del número de mociones que se presenten.

Reformar únicamente lo que es necesario para lograr los objetivos que se buscan, no perder tiempo en reformas útiles, pero no necesarias; no promover reformas que puedan causar ingobernabilidad o afectar toma de decisiones, fortalecer la gobernabilidad democrática permitiendo a los gobiernos y a las mayorías dar cumplimiento a los mandatos de los electores, respetando la Constitución y los derechos fundamentales de las minorías.

¿Será que necesitaremos una Constituyente para salir de la modorra?

Rodolfo E. Piza Rocafort