Las nuevas autoridades de Hacienda deberían perseguir principalmente a quienes se enriquecen fraudulentamente debilitando con ello el desarrollo nacional

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Las pymes

Algunas personas piensan que, para recaudar más impuestos, las autoridades deberían auditar –prioritariamente— a pulperías, pequeños restaurantes, talleres de costura, sin dejar de lado a todas aquellas personas que, buscando materializar sueños terminan enfrentando terribles pesadillas.
Hay que vivir en la Luna para no entender los problemas que sufren las pequeñas y medianas empresas.
Iniciar un proyecto en este enmarañado país es obra de titanes. La mayoría de los pequeños emprendedores dan sus primeros pasos presionados por prestamistas que escasamente pagan impuestos gracias a la ayuda de expertos en el arte de la evasión.
Existen instituciones privadas que ofrecen tarjetas de crédito pymes para “ayudar” al sector.
El tarjetahabiente está obligado a utilizar el 100% del monto aprobado para así poder caparle de entrada la jugosa comisión que se embolsan cada vez que el datáfono emite la señal.
Además de pagar un abusivo 38% anual, en caso de mora se le castigaría con un interés igual al corriente más un 30% adicional. El tigre suelto contra el burro amarrado.
También tienen que enfrentar las cargas sociales. Si por alguna razón no pueden cancelar a tiempo el Seguro Social, y mientras logran un arreglo formal, deberán pagar —además de la planilla normal— una agregada.
Cada vez que un trabajador necesita acudir al médico le cobran una “cuota especial”. De manera torpe asfixian al empresario en vez de facilitar la negociación.
Si logran vencer estos escollos, aún tendrían que enfrentarse a empresas transnacionales que, generalmente, producen bajo esquemas de subsidios impensables para el productor nacional.
Para agravar el problema, los industriales —de todo tamaño— tienen que desafiar a las bandas de contrabandistas que prácticamente se han adueñado del país.
Las nuevas autoridades de Hacienda deberían perseguir —principalmente— a quienes se enriquecen fraudulentamente debilitando con ello el desarrollo nacional.
Las multimillonarias pérdidas generadas por el contrabando son incuantificables. La agricultura, la industria textil y otras actividades, se han visto gravemente afectadas al tener que vender sus productos prácticamente al costo para lograr sobrevivir.
Un 40% de la población acepta —abiertamente— adquirir mercancías introducidas de forma ilegal.
Agreguémosle a la pócima infraestructura ruinosa, el alto costo de los combustibles, y de otros insumos indispensables para producir.
A pesar de tener que enfrentar tantos retos, las pymes siguen siendo fuentes generadoras de empleo, y la mayoría pagan impuestos mientras que, otros, no pagan siquiera patente municipal.
Los que logran sobrevivir y establecerse bajo circunstancias tan adversas merecen ayuda, respeto y consideración.
Esperamos que el nuevo Gobierno honre lo que en campaña predicó. Y que, en vez de malgastar millones manteniendo instituciones anacrónicas y obsoletas, apoye realmente al pequeño y mediano productor.

Jorge Castro Guardia