No permitamos que en Costa Rica se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos

DISYUNTIVAS

Es intolerable que se violen derechos fundamentales

El grave agravio infringido contra don Johnny Araya por parte del INS, de Tributación Directa y de Albino Vargas es inaceptable en una sociedad civilizada, y nos atañe a todos con independencia de banderías electorales.
Los costarricenses saben que he sido adversario de frente del PLN, pero no debemos permitir que se siga ilegalmente violando la dignidad y el honor de las personas y debemos estar en contra del mal sea quien sea quien lo sufra.
La vida en sociedad para ser civilizada debe estar basada en la ley. Claro, si lográsemos las personas avanzar en el camino de nuestra perfección individual bastaría con que cumpliésemos con el mandamiento del amor al prójimo. Como no es así debemos recurrir al mandato de la ley y al poder del estado para imponerla.
Del cumplimiento de la ley depende la seguridad de cada ciudadano, desde el más encopetado hasta el más humilde, si no la seguridad se convierte en violencia en manos privadas y en la guerra de todos contra todos.
El caso no puede ser más sencillo. Los datos de los contribuyentes son por ley privados y los funcionarios tienen expresa prohibición para revelarlos. El artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios así lo dispone, lo cual es esencial para salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas.
El INS “equivocadamente”, y obviamente hay equivocaciones que no se pueden dar, atribuye al candidato presidencial don Johnny Araya haber hecho un pago millonario sin reportarlo a Tributación Directa.
El pago no era de don Johnny sino de la organización de los juegos centroamericanos. A notificar el caso concurren las autoridades fiscales con la prensa. Albino Vargas alardea que fue él quien comunicó a los medios de comunicación que se daría la notificación. Los medios contribuyen a infringir la grave ofensa dando información incompleta.
Esto es una barbaridad. ¿Cómo puede el INS de buena fe cometer un error de tanto bulto respecto a un costarricense que está compitiendo por la Presidencia de la República? ¿Cómo pueden las autoridades tributarias proceder a notificar este caso sin de previo investigar? ¿Quién burlo su obligación en Tributación Directa y le pasó ilegalmente la información a un dirigente sindical? ¿Quién le dio atribuciones a Albino Vargas para tener información tributaria privada de los costarricenses? ¿Por qué los medios se prestan de esta burda manera a violar el honor de los costarricenses?
La interrogante más seria y que debe causar mayor preocupación es la relacionada con la filtración de información de Tributación Directa. ¿Cuál seguridad pueden tener ahora los declarantes sobre la confidencialidad de su información?
Estas interrogantes deben ser respondidas. Tienen la obligación de hacerlo las autoridades del INS, de Tributación Directa, del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría de la Ética en la Función Pública y del Ministerio Público. No permitamos que en Costa Rica se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Miguel A. Rodríguez

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