Lo que importa, según los jueces, es que los funcionarios públicos entiendan que deben ser más tolerantes que el resto de los ciudadanos

Hablando Claro

El fallo

Nunca me pareció pertinente que la entonces presidenta Laura Chinchilla demandara al usuario de redes que la señaló no solo como propietaria de una valiosísima finca, sino además como poseedora de una fortuna amasada, según dijo, en los últimos tiempos de su gestión presidencial.
Ciertamente puede resultar muy irritante recibir tales aseveraciones falsas gratuitas y no inmutarse.
Sin embargo, un asunto estratégico básico consiste en no elevarle el perfil al adversario. En otras palabras, no podemos andar disparándole a todo aquello que se mueva en el aire, porque terminamos encumbrándolo a alturas nunca soñadas, al punto que —como ha sucedido en este caso puntual— el remedio ha resultado muchísimo peor que la enfermedad.
Por lo demás y de manera general, hace tiempo venimos señalando lo inconveniente que resulta que cada vez apostemos más por la judicialización de nuestra interacción social. Una sociedad cada vez más limitada para disentir y objetar y debatir; para confrontar, deliberar y resolver. Preferimos demandarnos unos a otros. Nuestras debilidades dialécticas, nuestra cada vez mayormente minada capacidad para discrepar, nos ha llevado rápidamente —reitero— a la judicialización de la vida cotidiana.
Aquí nunca más lejano y menos aceptado hoy que nunca aquella antigua máxima de que era mejor un mal arreglo que un buen pleito.
Volviendo al caso que nos ocupa, a falta de la sentencia completa, el fallo unánime de los jueces deja claro que no importaba que la ex presidenta no poseyera los millonarios bienes aludidos. Lo que importa, según los jueces, es que los funcionarios públicos entiendan que deben ser más tolerantes que el resto de los ciudadanos (todavía no han explicado la medida de la tolerancia) y de paso que también entiendan que muchas críticas aunque lo parezcan no lo son, porque bien podrían ser loas para celebrar el ascenso y la movilidad social lo que lejos de ser un insulto, podría ser hasta un halago. Es decir, según el cristal con que se mire el comentario.
Todo esto, podría no pasar de ser algo cuasi pintoresco que ocurre en este macondo nuestro, de no ser porque además de que muchos quieren observar en el fallo del polémico caso una especie de cortina de impunidad para hacer y decir lo que a cualquiera se le venga en gana en las redes sociales, sí refleja una pasmosa limitación de lectura y entendimiento de nuestros jueces respecto del contexto sociopolítico del país. Un país cuyos índices de confianza están en el suelo y que ve por tanto los efectos del descrédito y la apatía respecto de su sistema político.
Un país en el que buenos ciudadanos estarán cada vez menos compelidos a aceptar cargos públicos de relevancia no solo porque deben ganar un sueldo bajo y porque la clase política está estigmatizada, sino porque ahora, además, tendrán que aceptar todo tipo de insultos y acusaciones falsas por el simple hecho de ser funcionarios públicos. Muy mal.
Sobre todo porque lo discutido en el juicio no tenía absolutamente nada que ver ni con la transparencia ni con la rendición de cuentas que es ejercicio obligatorio e insoslayable de la función pública.

Vilma Ibarra

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