Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Jueves 1 Febrero, 2018

2018, momento para la Solución Costarricense

Cada año nuevo el cambio nos mueve a la reflexión personal para erradicar vicios, profundizar en las virtudes y mejorar nuestra vida. En un año electoral deberíamos buscar los mismos objetivos para nuestra sociedad.

Al ser electo Presidente de la Asamblea Legislativa convoqué a La Solución Costarricense: “El futuro es promisorio —señalé en 1991— pero a condición de que sepamos adaptarnos a los grandes cambios que corren, sacando provecho para Costa Rica de las nuevas oportunidades que se abren en el comercio, la ciencia, la cultura y la integración del mundo. El bienestar depende de alcanzar unidos una vez más la solución costarricense”.



Hoy las condiciones son menos favorables. La democracia y la globalización sufren ataques y se ponen en entredicho; los pueblos han perdido la confianza en las elites y en el conocimiento; los avances tecnológicos no incrementan la productividad con la prontitud esperada; las instituciones se han quedado rezagadas en su respuesta a la necesidad de aprender mayores habilidades y de continuar aprendiendo toda la vida.

Por eso necesitamos la solución costarricense aún más que hace 27 años.

En el pasado, los costarricenses hemos sabido unirnos ante diversas circunstancias y ante graves dificultades para vencerlas y progresar. Nos llegó la independencia y en pocos días acordamos el Pacto de Concordia. Ante la amenaza filibustera nos unimos para salvar a Centroamérica. El presidente Castro Madriz propuso la reforma constitucional para la educación obligatoria y gratuita, fue derrocado, y su sucesor Jesús Jiménez logró su aprobación. Las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y la CCSS del Dr. Calderón Guardia fueron respetados por la Junta de Gobierno de Figueres Ferrer después de su triunfo armado. Don Pepe dio el mazazo al Cuartel Bellavista llamando a la eliminación del ejército, y Fernando Lara y Juan Trejos con el apoyo de la mayoría en la Asamblea Constituyente, opuesta a don Pepe, acordaron su proscripción constitucional. La Concertación Nacional logró unir los sectores sociales y productivos para aprobar la Ley de Protección al Trabajador y su propuesta de abrir los monopolios de telecomunicación y seguros no se aprobó de inmediato, pero sí lo fue en el segundo gobierno de don Óscar Arias.

Realidad política versus orden constitucional. El presidencialismo de nuestra Carta Magna opera adecuadamente en una realidad bipartidista. Hoy vivimos la casi imposibilidad de tomar decisiones. La contradicción entre las normas constitucionales y la realidad política, dificulta la solución costarricense.

Frente a esa contradicción que se venía venir, propusimos desde el gobierno en 2001 la evolución a un sistema semiparlamentario. Posteriormente la Junta de Notables de doña Laura vino a repetir esa propuesta, que nunca se ha discutido seriamente.

En esta circunstancia el gobierno que surja del presente proceso electoral está llamado a aplicar en la práctica la conformación de un gobierno de coalición, que tenga el respaldo de una mayoría legislativa que esté comprometida con un programa de acción para dar respuesta a los principales problemas nacionales.

Para ello deberíamos elegir un Presidente con los conocimientos, la experiencia, la actitud, los programas y la campaña que le permitieran unir a la familia costarricense.

La Solución Costarricense en 2018. Me atrevo a sugerir los que creo serían pilares de ese programa de gobierno de una coalición con mayoría en la Asamblea Legislativa

Primero.- Para garantizar la futura gobernabilidad, promover el cambio a un sistema constitucional semiparlamentario, incluyendo la reforma de la integración y forma de elegir congresistas. Ello daría frutos para 2022.

Segundo.- Recuperar el prestigio y la confianza en nuestro sistema jurídico. Para eso sería necesario cambiar la forma de elegir los magistrados (me inclino por que los proponga el Presidente, con lo que asume plena responsabilidad y puede incluir abogados del Poder Judicial, litigantes o de la academia, y que sean nombrados por dos terceras partes del total de diputados). También independizar el Ministerio Público y establecer los sistemas para su supervisión y control a cargo del Poder Judicial. Establecer requisitos de idoneidad para los directores de los bancos estatales, y volver al sistema original de nombrarlos uno por año para que sea claro a quien designa el Consejo de Gobierno y no se haga al calor de la reciente campaña electoral.

Tercero.- Resolver el desequilibrio fiscal controlando el gasto; silenciando sus disparadores (pensiones desproporcionadas, incentivos salariales arbitrarios, transferencias etc.); haciéndolo más racional y eficiente con mejor evaluación y rendimiento de cuentas; aprobar nuevos ingresos; e incluir en la Constitución garantías económicas, ahora llamadas reglas fiscales.

Cuarto.- Mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana con más y mejor policía preventiva, focalizando la atención en los barrios en los que se origina la mayor actividad delictiva, y mejorando el sistema penitenciario para una mayor rehabilitación de los presos.

Quinto.- Establecer una verdadera reforma educativa para sacar provecho del enorme aumento de los recursos que destinamos a ello. Concentrarse en profesores excelentes, estableciendo pruebas de idoneidad para su nombramiento, apoyo para el inicio de su arte de enseñar, supervisión y evaluación de las tareas en el aula. Modificar el bachillerato técnico para que sea solo de cinco años de duración, con enseñanza dual. Quien desee seguir estudios académicos deberá hacer un año adicional. Reformar el INA para que responda flexiblemente a las demandas laborales de las empresas. Dirigir el sistema educativo y de formación laboral a una nueva sociedad en la cual las habilidades literarias, matemáticas y científicas tendrán que adaptarse durante toda la vida laboral al cambio en las tareas realizadas.

Sexto.- Retomar la reforma del Estado para hacerlo fuerte, ágil y eficiente. Reactivar las alianzas público privadas para el diseño, financiación, construcción y operación de obras públicas. Reducir el peso muerto de la tramitomanía. Reformar el servicio civil con exámenes para nombramientos, verdadera evaluación e incentivos dependientes del desempeño, y en tareas profesionales con exámenes externos periódicos para asegurar la continuidad laboral. Fortalecer y dar gran calidad a las actividades reguladoras del Estado.

En breve, volver a poner en práctica la solución costarricense, con una visión de futuro compartida por un gobierno con mayoría parlamentaria.