Empresarios demandan respuestas claras a diputados que rechazaron apertura eléctrica

Inconcebible, preocupante y una oportunidad perdida. De esta manera, varias cámaras empresariales calificaron el archivo del proyecto de ley de armonización del mercado eléctrico este lunes por la tarde.

Se trata de una iniciativa que buscaba ampliar la participación del sector privado en la generación de energía; además de propiciar mejores tarifas.

La propuesta fracasó luego de que el Partido Liberación Nacional (PLN) retirara su respaldo lo que impidió alcanzar los 38 votos necesarios para aprobar el proyecto. La normativa ya había superado la primera votación legislativa y dependía de los verdiblancos, quienes impulsaron la ley en el gobierno anterior y ahora la rechazaron.

“Costa Rica necesita tomar decisiones estratégicas si quiere ser competitiva en los próximos años. Lamentamos que esta iniciativa no haya avanzado, pues la modernización del sistema eléctrico es un tema relevante para el desarrollo productivo del país. Es fundamental seguir trabajando, construir acuerdos y encontrar soluciones que respondan a lo que el país necesita”, señaló Ronald Lachner, presidente de AZOFRAS.

Por su parte, la Cámara Costarricense de la Construcción cuestionó que las diferencias políticas impidieran avanzar con una reforma que, a su criterio, era necesaria para modernizar el sistema eléctrico y fortalecer las condiciones para el crecimiento económico.

“El país no puede seguir pagando las consecuencias de las diferencias políticas cuando están en juego decisiones fundamentales para su futuro. El archivo de esta iniciativa representa una oportunidad perdida para modernizar el sistema eléctrico nacional y fortalecer las condiciones necesarias para atraer inversiones, impulsar el crecimiento económico y generar empleo”, expresó la organización.

Rendir cuentas

Mientras tanto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)exigió explicaciones y respuestas claras a los diputados que impidieron el avance de la propuesta.

“UCCAEP exige responsabilidad y respuestas concretas. Quienes impidieron el avance de esta iniciativa deben explicarle a Costa Rica este retraso y el impacto que tendrá. Las consecuencias de esta decisión trascienden al sector empresarial. Cuando se limita la competitividad de las empresas, también se comprometen las oportunidades de trabajo y el bienestar de las familias. Costa Rica no puede aspirar a atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades fuera de la Gran Área Metropolitana mientras posterga las reformas necesarias para hacerlo posible”, manifestó la entidad.

La Cámara de Industrias de Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) y Crecex también se pronunciaron sobre el archivo de la iniciativa y cuestionaron la oportunidad perdida para impulsar cambios en el mercado eléctrico nacional.

Demanda eléctrica genera preocupación

El archivo del proyecto se produce en un contexto de preocupación por el crecimiento del consumo de electricidad.

Las estimaciones empresariales advierten que, si la economía mantiene un crecimiento cercano al 4% anual, aumenta la electromovilidad y se instalan industrias de alto consumo energético, la demanda eléctrica para 2040 podría duplicar la proyección del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Mientras tanto, el Plan de Expansión de la Generación 2024-2040 del ICE proyecta un crecimiento promedio de la demanda cercano al 2% anual.

Esto quiere decir que si se cumplen las expectativas empresariales, el país podría enfrentar problemas de suministro eléctrico.

La iniciativa de armonización del mercado eléctrico pretendía ampliar la participación privada en la generación de electricidad y eliminar el papel del ICE como planificador central del sistema eléctrico nacional.

El fracaso del proyecto también abrió un nuevo frente de confrontación política.

Los oficialistas responsabilizaron al PLN por retirar su apoyo a la propuesta, luego de que la agrupación condicionara sus votos a que el Gobierno descartara un eventual recorte al presupuesto de las universidades públicas para 2027.

El Frente Amplio y Agenda Ciudadana también rechazaron la iniciativa.