Comercio ilícito sigue creciendo y ya se estima en $2.700 millones

Al año, en Costa Rica el comercio ilegal transa bienes y servicios por un valor superior a los $2.700 millones, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Lo peor de todo es que el contrabando no deja de crecer, a la vez que afecta al sector productivo, limita la generación de nuevos puestos de trabajo, golpea las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Hacienda, entre otros aspectos perniciosos.

Y es que, de acuerdo con la investigación dada a conocer ayer, el comercio ilícito de mercancías equivale al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa 1,5 puntos porcentuales por encima de la estimación de 2019.

Al incorporar bienes y servicios, el monto total estimado supera los ¢1,6 billones, es decir, unos $2.700 millones.

Para dimensionar su magnitud, este monto equivale aproximadamente a 16 veces el valor del nuevo Hospital de Puntarenas, dijo la Cámara de Comercio.

Es por ello que no es de extrañar que el Gobierno de Laura Fernández y el sector productivo formal le hayan declarado la guerra a esta problemática.

En ese sentido, el Gobierno ha anunciado varias propuestas de ley para mitigar el contrabando, a la vez que ha presentado varios proyectos de ley.

Una de las iniciativas, por ejemplo, busca eliminar la impunidad en materia aduanera y tributaria, ya que, hoy día, un 80% de las infracciones carece de una sanción efectiva en el marco legal vigente.

Otro proyecto de ley busca frenar la emisión de facturas falsas para la declaración de impuestos. Hoy día, empresas pequeñas, medianas y grandes aprovechan los portillos legales existentes para ahorrarse miles de millones de colones en el pago de tributos, a la vez que Hacienda está atada de manos porque los procesos de reclamo duran años en resolverse, lo que permite que los infractores sigan operando en la impunidad.

El estudio de la Cámara de Comercio estima una pérdida de ingresos tributarios de ¢664 mil millones, lo que equivale a 1,4% del PIB de 2022 y aproximadamente al 38% del déficit financiero del Gobierno Central.

Detrás de todo este comercio ilegal no están pequeños comerciantes, sino grandes grupos criminales.

“El comercio ilícito trasciende la competencia desleal y debe abordarse también desde sus implicaciones para la seguridad del país. Frente a una problemática que evoluciona y adquiere nuevas formas, Costa Rica necesita fortalecer sus capacidades de prevención, detección y control, así como avanzar hacia una respuesta cada vez más coordinada y efectiva”, afirmó Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Para resolver el problema, el país debe avanzar hacia una aduana inteligente, reforzar la vigilancia y la integridad aduanera, mejorar la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas, adecuar la normativa y las sanciones, así como mejorar el control, rastreo y trazabilidad de las mercancías, entre otras medidas.