Carlos Camacho Córdoba

Carlos Camacho Córdoba

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Martes 14 Noviembre, 2017

Zonas francas y OCDE

Es llamativo que en la vista realizada hace un mes por parte de funcionarios de la OCDE a Costa Rica, la agenda de asuntos prioritarios fuera tan especialmente inversa a las prioridades que a lo interno hemos definido, al menos como derroteros, a nivel interno como país. La prioridad uno de la agenda planteada por la secretaría de asuntos fiscales de la Organización, los cuales inician por el agresivo planteamiento de desmantelar en un plazo muy breve el régimen de zonas francas.

Esta condición complementada con la de reducir las contribuciones de la seguridad social, que merecen análisis aparte, así como en tercer lugar llegar a un acuerdo en materia de una reforma fiscal integral, son los elementos que nos han dejado en la lista de pendientes.

En relación con el régimen, si bien es cierto la acción cinco de las acciones BEPS, propone que las figuras y regímenes que de manera activa o pasiva provoquen la localización de utilidades gravables en otras jurisdicciones por motivo de atribución de valoraciones diversas a las respectivas en el concepto de cadena de valor. Esto quiere decir, que aquellos regímenes, no solo el de zona franca costarricense, sino todos los que permiten el traslado artificioso de utilidades a jurisdicciones o regímenes que permitan una menor tributación relativa del grupo económico, serán considerados como regímenes perniciosos y por ende deben ser desmantelados por los países que han convenido con las acciones BEPS, tal es el caso de Costa Rica desde la suscripción misma del marco inclusivo que como país depositamos ante la OCDE. Una medida de esta naturaleza debe ser negociada con los miembros del comité de asuntos fiscales de la OCDE con un adecuado apego al principio de “equal footing”, es decir, si debemos hacer tal decisión la misma y su puesta en marcha no pueden hacerse como pioneros con las consecuencias que en la competitividad país sin duda podemos asumir, sino en forma simultánea con los demás jugadores mundiales en condiciones análogas.

No es aceptable que Costa Rica desmantele ningún régimen especial, sin garantía de que otros países en especial competidores por la atracción de la inversión extranjera directa, en forma simultanea lleven a cabo acciones concomitantes a la vez que se logre en concordancia con un acuerdo de revisión de pares hecho por los partícipes de los regímenes en los que se garantice que no habrá competencia ni en la dirección del desmantelamiento ni en el momento en que dicha acción se tome. Costa Rica, debe mantener sus compromisos asumidos con los organismos internacionales y no sería de recibo no cumplir con temas pactados del marco inclusivo de las normas BEPS, pero sin duda, no a cualquier precio, ya que el efecto en las exportaciones, el nivel de empleo, las divisas y el sistema cambiario, así como los demás agregados macroeconómicos serian un contrasentido a los propósitos de entrada del país en la OCDE.

Para este tipo de temas el sector privado debe tener claro entendimiento de la extensión de compromisos que tiene el país, la manera en que se espera que, como tal comporte en conductas esperadas, así como una interacción oportuna de orden técnico con el Ministerio de Hacienda que es la Autoridad Competente de cara a la OCDE para este tipo de diálogos educados, en los que la sociedad civil tiene una importante labor que llevar a cabo.

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