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Violación de la confidencialidad bancaria no se justifica, según bancos

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 18 agosto, 2023 07:48 a. m.


Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades Financieras. Archivo/La República.
Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades Financieras. Archivo/La República.


La Constitución Política establece que la información privada de las operaciones bancarias y la situación patrimonial de los costarricenses es confidencial, y por ello, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se puso del lado de Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF), en su diferendo con el Banco Central (BCCR).

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En principio, el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, pero esos datos deben ser información agregada y anónima, respetando la privacidad e intimidad de las personas.

“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, dijo la ABC.

Este jueves, Aguilar dio a conocer que fue acusada penalmente por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad. La querella la planteó el BCCR.

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La denuncia está relacionada con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.

“El requerimiento de información confidencial por parte del Banco Central parece convertirse en una práctica recurrente ya que, recientemente, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda”; agregó la ABC.

La Asociación Bancaria Costarricense finalizó haciendo un llamado vehemente al Banco Central de Costa Rica para que rectifique su proceder, respete la Constitución Política, cumpla con la ley y garantice los derechos de los costarricenses.


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