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Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves negó que vaya a levantar medidas constitucionales para frenar la inseguridad ciudadana asociada a los homicidios.
Chaves aclaró que Costa Rica no es El Salvador y que no tiene la intención de confundir las cosas.
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“Parece que algunos diputados quieren que el presidente mande una solicitud para levantar las garantías constitucionales, lo que permitiría arrestar a personas sin fundamento o mantener a la gente en prisión sin los debidos procesos. No confundamos las cosas”, dijo Chaves.
El mandatario manifestó que la declaratoria de emergencia es muy diferente al levantamiento de medidas constitucionales.
Si se mantiene el promedio de homicidios, al finalizar el 2023, Costa Rica cerrará con una cifra récord de 898 asesinatos en un año. Se trata de un incremento del 37% en relación con el año pasado, cuando también se registró una marca histórica de 656 casos.
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En promedio, Costa Rica registra un homicidio cada 12 horas, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Para este 11 de octubre, las autoridades ya contabilizaban 704 casos.
Con el objetivo de luchar contras las pandillas de El Salvador, el presidente Nayib Bukele ordenó el levantamiento de varias medidas constitucionales.
El derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas, son algunas de las medidas que ha tomado el Congreso por petitición del mandatario Bukele.
Esto ha hecho que organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen.
Por otra parte, el mandatario salvadoreño disfruta de un apoyo político superior al 85% en su país.
