Pedro Oller

Pedro Oller

Enviar
Martes 23 Marzo, 2010


Vía crucis


A veces, por su inconveniencia o inoportunidad, el ordenamiento jurídico —mejor dicho, la aplicación de justicia— devela su cara más suave: la de la incomodidad frente a la resolución de un problema o controversia.
No es más que el tiempo, la consecuencia de su entrabamiento.
Otras, sin embargo, el ordenamiento y la aplicación de justicia se muestran desnudos no solo en sus carencias sino también en sus antivalores: la injusticia, la pereza, la irresponsabilidad, el perjuicio y, también, la arrogancia, que asoman su sucia cara cual parte de un procedimiento que no les merecería.
Tres (3) personas que desempeñaron el cargo de Regulador General de la República, como resultado de un nombramiento administrativo apegado a las normas, enfrentaron durante poco menos de diez años el escarnio de la opinión pública, el peso irreparable de las medidas cautelares impuestas, así como la lentitud del sistema judicial y sus perjuicios.
Difícil comprender, incluso para quien escribe, cómo tomó ese tiempo cuando la propia resolución de la Contraloría que motivó las acusaciones era contradicha por esta, la Procuraduría, el ICE y la Sala Constitucional desde 2005. Sea que, no solo la propia institución que objetara inicialmente el procedimiento, cambiaba su criterio sino también otras tres de igual o mayor trascendencia, incluyendo al supuesto afectado (ICE) que se sumaba a las conclusiones.
¿Por qué entonces no terminó esta absurda pesquisa?
Todavía llegó a más el despropósito, al desistir la Fiscalía de su acusación recientemente y, tres años antes, el Instituto que había demandado sobre las bases de ¢24 mil millones, desistir de la acción civil apenas dos meses después de presentada, seguros del desenlace que finalmente hemos presenciado.
Mas es importante recordar y jamás olvidar, cuál desagravio para las víctimas, que este país —en función del rating y la demagogia— empieza a levantarse tras años de oscurantismo e inquisición de lo que seguramente será nuestra Edad Media.
Se han producido, poquísimas sentencias en este período y salvo muy pocas son, al día de hoy, definitivas.
Los daños sufridos por don Leonel Fonseca, don Hermann Hess y doña Aracelly Pacheco son irreparables. Para ellos como ciudadanos que dicen preciarse de este país y sus reglas, mis más sinceras condolencias por lo que han sufrido.
Para quienes nos embarcaron en este peregrinaje, cargado de arrepentimientos e incorrecciones, un llamado a cuentas que más que merecido deviene en debido ante los resultados. Le corresponde a la propia Fiscalía reclamar lo que corresponda con el mismo celo y ojalá mejor tino que el demostrado en este caso particular.
Esperamos, como pueblo exigente de un sistema justo y eficaz, que prevalezcan el derecho y la razón.