Tomas Nassar

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Jueves 26 Junio, 2008

Vericuetos
Varias buenas y una mala

Tomás Nassar

Las buenas: En estos días el Puerto de Balboa en Panamá, ha recibido cinco grúas del tipo Super Post-Panamax, como parte de una inversión de $300 millones en la fase cuatro del proyecto Desarrollo del Puerto de Balboa, dentro del megaplan de terminales portuarias de ese país. Con esta nueva adquisición, Balboa dispo
ne ahora de 18 grúas de esa clase, más que la mayoría de los puertos de América Latina.
La draga marina James Cook llegó a la bahía de Puerto Cortés, en Honduras, para ejecutar el dragado de 1,4 millones de metros cúbicos de arena, que servirán para realizar los trabajos de expansión y modernización del puerto.
El próximo año El Salvador inaugurará el Puerto de La Unión, construido por la japonesa TOA Corporation.
La mala (la misma de siempre): Mientras tanto el Sindicato de JAPDEVA mantiene secuestradas las terminales portuarias más importantes del país, a las que impone horarios restringidos de trabajo para la atención de buques, como sanción que decretan “erga omnes”, es decir, a todos los ciudadanos y a las actividades productivas del país, porque la Contraloría General de la República, al amparo de la ley y de la decencia en el control del gasto público, impide el festín en el pago de las horas extras que se habían venido recetando en el puerto, a vista, paciencia, complacencia y confort de los administradores de la institución.
Mientras tanto, el sector naviero y autoridades del Gobierno central se han reunido en reiteradas ocasiones sin lograr hasta ahora una propuesta que resulte aceptable para la Contraloría, que sostiene que el pago de horas extras tiene carácter de excepción, cuando especiales circunstancias lo justifiquen, y no puede mantenerse en forma permanente. Ante ello SINTRAJAP insiste en desproporcionadas exigencias que rompen el límite de la razonabilidad y, por supuesto, de la legalidad.
La ministra González ha actuado con buen tino en la formulación de distintas propuestas a la C.G.R., pero ante la imposibilidad de su concreción, nos parece que las alternativas se han agotado y que el tiempo apremia al punto de justificar una intervención legal y política en el puerto, cuya inoperatividad ha provocado un caos que produce ya pérdidas a límites imponderables.
En 17 días JAPDEVA dejó de percibir más de $1 millón en tarifas no cobradas por servicios no prestados, Recope ha tenido pérdidas millonarias que incidirán en el precio final del combustible al consumidor; las pequeñas empresas se ven afectadas porque no pueden cubrir costos operativos adicionales, las grandes porque no disponen de las materias primas a tiempo y las líneas navieras porque los atrasos en la rotación de sus rutas les generan pérdidas por demoras. Posiblemente algunas navieras se vean obligadas, para equilibrar la factura de su operación a Costa Rica, a imponer recargos por ineficiencia portuaria que, en definitiva, deberán ser afrontados por todos.
En esta situación de pierde-pierde, es urgente que la acción política de la administración pública termine, de una vez por todas, con el secuestro sindical de unas instalaciones y de un servicio que son de todos.