Universidades privadas tendrían que justificar sus cobros
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Las tarifas, cánones, matrículas y otros costos que cobran las universidades privadas por sus servicios al estudiante, deberán ser sustentadas con estudios técnicos, con el fin de evitar arbitrariedades por parte de estas instituciones y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) a la hora de aprobarlas.

Esto sería una realidad si se aprueba el proyecto que pretende regular la calidad en las casas de enseñanza superior privadas, luego de que ayer fuera dictaminado en comisión.

Asimismo, el Conesup pondría a disposición pública un análisis comparativo entre todas las 50 universidades privadas, de todos los cobros y tarifas, a fin de que el interesado pueda decidir cuál es la de mayor conveniencia, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Este es uno de los alcances de mayor relevancia en el proyecto de reforma a la Ley del Conesup, el cual busca otorgarle mayor agilidad al Consejo y a la vez elevar la calidad del servicio que ofrecen las universidades privadas.

El texto no incluye un tope a las tarifas universitarias como en algún momento se propuso y que fue una de las objeciones por parte de la Unidad de Rectores de la Universidad Privada (Unire).

También obliga la actualización y revisión de los planes de estudio cada cinco años.

“Nuestro interés es garantizar a los jóvenes costarricenses y a sus familias que la educación superior en cualquier centro académico privado va a cumplir con los requisitos y condiciones mínimas para formar apropiadamente a los profesionales que el país necesita”, dijo Javier Cambronero, diputado del Partido Acción Ciudadana.

Otro punto en el proyecto es la obligatoriedad de acreditar, ya sea con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) o de una agencia similar, todas las carreras universitarias en las áreas de educación, salud, arquitectura y las ingenierías en el campo de la construcción.

De igual modo, las instituciones deberán acreditar sus aulas, bibliotecas, laboratorios, comedores, servicios estudiantiles, procesos de admisión y de graduación y la gestión administrativa.

La iniciativa también otorga un plazo de 60 días hábiles a este órgano fiscalizador, para la resolución de trámites como autorización de planes de estudio, nuevas facultades, escuelas y carreras, campos para prácticas supervisadas y salidas certificables.

De esta manera, se evitaría que tales solicitudes tarden hasta dos años, que es una de las quejas recurrentes que tienen las universidades en la actualidad.

El proyecto incluye también un capítulo sobre derechos para los estudiantes.

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