Una política nacional de biodiversidad a 2030

Una política nacional de biodiversidad a 2030

Asegurar las oportunidades de desarrollo para las generaciones presentes, sin limitar las oportunidades de las generaciones futuras, es la definición que la sociedad le puso hace más de veinte años al desarrollo sostenible.

Esta definición programática, que encierra la equidad entre generaciones, también reconoce nuestro compromiso moral para todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, y lo plantea como una obligación insoslayable para la supervivencia de la humanidad.

Casi al mismo tiempo, reconocimos la importancia de nuestro patrimonio genético, identificamos que la diversidad es una fortaleza. Entendimos que cada individuo es único, diferente hasta dentro de su misma especie, y por supuesto entre las especies.

Reconocimos que el conocimiento, la innovación, las prácticas y las costumbres forman parte de este patrimonio cultural que le agrega valor y uso a los recursos naturales.

Poco a poco, los retos de reducir la extinción de las especies, que se da cada vez a un ritmo más acelerado; la pérdida de los hábitat, el deterioro de los ecosistemas, es cada vez más grande, sin mencionar problemas globales como el cambio climático.

Sin embargo, el panorama no es tan desalentador. En nuestro país muchas comunidades locales usan sosteniblemente sus recursos naturales, el sector privado desarrolla la responsabilidad social ambiental y entiende que su objetivo va más allá de los rendimientos económicos para incorporarse en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y sociales, las instituciones buscan sinergias y articulaciones que permitan optimizar sus recursos humanos y financieros; el respeto por la diversidad cultural se impone como un componente de los derechos humanos fundamentales.

Costa Rica asumió el liderazgo de aprobar en 1998 una Ley de Biodiversidad, pionera a nivel mundial al desarrollar los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, previamente firmado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo en 1992.

Su marco conceptual abordó el uso sostenible, la conservación y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad, incorporando los aspectos éticos en el tema de conservación.

Por otra parte, el Consejo Nacional Ambiental, establecido desde la Ley Orgánica del Ambiente en 1994 y presidido por el señor Presidente de la República, definió la visión sobre la biodiversidad que guiará a la Administración Solís Rivera:

“Procurar la conservación, el uso sostenible y resiliencia de la biodiversidad, promoviendo el desarrollo económico inclusivo, ampliando la participación social para la conservación y gestión de la biodiversidad, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la misma, asegurando y reconociendo el respeto a las diferentes formas de conocimiento e innovación, principalmente las que corresponden a las comunidades locales y los pueblos indígenas, a través de la aplicación de medidas efectivas que aseguren el bienestar de las personas y del ambiente”.

El marco jurídico y visión señalados requieren de instrumentos programáticos como la Política Nacional de Biodiversidad, que se presentó por primera vez en la historia del país, el 22 de mayo, con un escenario de mediano plazo a 15 años.

Su proceso de elaboración fue liderado por la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad CONAGEBio del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya Comisión Plenaria tiene representación del sector público, privado, académico, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y del sector campesino. La Mesa Nacional Indígena organizó nueve talleres en territorios indígenas; la Federación Conservacionista de Costa Rica lideró espacios de discusión en seis regiones del país; cada una de las 11 áreas de conservación analizó la problemática y sus propuestas de solución, y en la última fase de validación de resultados se realizaron 11 encuentros con jerarcas de instituciones públicas, juntas directivas, grupos focales o especialistas en temas específicos.

De la sistematización de los aportes de todos los sectores, se identificaron cuatro ejes estratégicos que coinciden con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2019:

Eje de Política 1: Mejorar las condiciones y resiliencia de la Biodiversidad, salvaguardando la integridad de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.

Eje de Política 2: Promover el desarrollo económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, potenciando oportunidades y reduciendo los efectos negativos sobre la biodiversidad.

Eje de Política 3: Fortalecer la participación social en la gestión de la biodiversidad, la distribución justa y equitativa de sus beneficios y reducir la vulnerabilidad de poblaciones menos favorecidas, donde hay ecosistemas esenciales, amenazados y de alto valor ecológico.

Eje de Política 4: Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión intersectorial e institucional vinculada a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Definidos los principales elementos orientadores para lograr la conservación, el uso sostenible y la distribución justa equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad, nos corresponde ahora identificar y priorizar las acciones para cumplir con esos objetivos, en el corto, mediano y largo plazo, para cumplir con la responsabilidad histórica, que asumimos con las diferentes formas de vida, contemporáneas y las generaciones futuras.

Patricia Madrigal Cordero

Viceministra de Ambiente