Es urgente que se reconozca el papel fundamental que puede jugar la banca pública en las tareas de promover el desarrollo económico y el bienestar de la población

CIENCIA LÚGUBRE

Un norte para la banca pública

En el contexto costarricense, la banca pública juega un papel dominante en el mercado. Por su tamaño y algunas distorsiones importantes que aún persisten, estos bancos determinan en gran medida las reglas del juego en el sistema financiero local.

Son relevantes sistémicamente no solo desde la perspectiva tradicional que señala que su solvencia es clave para garantizar la estabilidad del sistema; sino que además, por su tamaño y cobertura deberían tener un rol fundamental en la reducción de los altos costos de intermediación, en la promoción de la competencia y en las tareas de inclusión financiera.
Logros importantes en la consecución de esos objetivos podrían alcanzarse reconociendo, en primer lugar, que los intermediarios públicos son bancos comerciales universales en el sentido tradicional y que, en general, pese a algunos elementos que “desnivelan el terreno de juego”, desarrollan sus actividades en el mismo ámbito competitivo que los intermediarios privados.
Si se parte de esta premisa, el imperativo competitivo de los bancos públicos —tanto privado como colectivo— debiese ser operar con la mayor eficiencia, de manera que los recursos crediticios y los servicios que prestan puedan ser ofrecidos a los consumidores al menor costo posible.
Tristemente para el desarrollo y el bienestar del país, problemas diversos, ya casi seculares, se han confabulado impidiendo que los bancos públicos representen ese papel virtuoso y natural que por su naturaleza debiesen representar.
El principal de ellos es una inadecuada estructura de gobernanza e incentivos e intereses de diversos grupos, que se tornan, en ocasiones, perversos.
La forma en que se constituyen sus órganos de dirección no en todos los casos garantiza que importantes instancias de gobierno al interior de estos bancos sean capaces, primero de comprender la situación actual de los intermediarios y de los mercados en donde operan y mucho menos de definir apropiadamente las políticas y estrategias futuras.
En muchos casos, la dinámica de estos órganos tiende a desvirtuarse y desgastarse en discusiones irrelevantes y peligrosas para la reputación de los bancos, en mucho teñidas ideológicamente por una concepción antediluviana del rol de estas instituciones en la economía costarricense.
En ese vacío de dirección, los intereses de ciertos sectores —por ejemplo, trabajadores, grupos económicos e incluso políticos— tienden a volverse más vocales y aprovechar los espacios de poder que poseen en las instituciones para “llevar agua a sus molinos”.
Esta estructura perversa de incentivos e intereses, en el peor de los casos, ha costado al país cuantiosos recursos fiscales cuando se ha debido rescatar a bancos en problemas (recuérdese la crisis de los 80 y el cierre del Banco Anglo); en tanto que cotidianamente se traduce en elevados costos de operación, que han terminado encareciendo e impidiendo el acceso al crédito para las familias y empresas.
Es urgente que se reconozca el papel fundamental que puede jugar la banca pública en las tareas de promover el desarrollo económico y el bienestar de la población.
Pero lo es aún más, que las autoridades gubernamentales mejoren el marco de gobierno de estas instituciones, para alejar de ellas lo más que se pueda la politiquería, las percepciones anquilosadas de la realidad económica y social del país y, particularmente, cualquier juego impropio de intereses que puede gestarse en su interior.

Las opiniones expresadas en este artículo son de naturaleza personal

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