¿Un estado policíaco?

Hablando Claro

¿Un estado policíaco?

Caso #1= Un equipo de investigadores de la ahora públicamente conocida Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE, siguió durante 11 días los “movimientos” de Jorge Arguedas Mora, conocidísimo presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones, ANTTEC. El operativo fue producto (se argumenta) de una denuncia anónima que llegó a la Contraloría y de ahí se trasladó al patrono (el ICE) para que procediera —como dicen los abogados- “de conformidad” y estableciera si efectivamente el señor Arguedas utilizaba su jornada laboral para actividades sindicales y electorales “más allá de lo permitido”.

Sobran los comentarios. Hay que tener dos dedos de frente para comprender el tamaño del atropello a los derechos constitucionales del ciudadano Jorge Arguedas. Lo que falta (a la hora de escribir esta columna no se conocía) es la explicación oficial. No las disculpas esgrimidas al afectado. Lo que falta es saber quiénes y desde cuándo permitieron la desviación de los fines para los cuales fue creada una “dependencia” que terminó parándose sobre el Estado de Derecho. La indignación ha sido generalizada.

Caso #2= El ciudadano José Rímolo interpuso un recurso de hábeas corpus objetando que sus derechos constitucionales fueron conculcados cuando un retén policial lo detuvo en plena vía pública para revisarlo camino a casa, así porque sí. Los siete magistrados (huelga decir, que los siete constituyen la totalidad y por ende, unanimidad) objetaron este tipo de procedimiento de control policial porque no es aceptable que en un Estado de Derecho la autoridad policial ande requisando a la gente honesta que transita libremente por las vías públicas sin que medie indagación por sospechas de comisión de delito. La indignación también ha sido generalizada… pero en contrario.

El Ministro de Seguridad Pública, sus subalternos, abogados, medios de comunicación, opinadores de oficio y muchos y muy confundidos ciudadanos, estiman que el pronunciamiento de la Sala Cuarta esté “atando la mano derecha” de la policía preventiva, como afirmó con gran dosis de histrionismo —hay que decirlo con respeto, pero decirlo— don José María Tijerino.

Debo confesar que me impresiona la reacción en contra de este fallo constitucional que a todas luces no hemos podido comprender en su verdadera trascendencia.

Aunque no lo parezca, estos dos hechos recientes tienen relación y deben servirnos para reflexionar con mucha seriedad y extrema serenidad (para lo cual necesitamos la fundamentación de la sentencia) sobre cómo queremos enfrentar la inseguridad. Es natural que ante el asedio creciente de la delincuencia y el crimen organizado sintamos temor y queramos medidas más efectivas y también más drásticas. Pero estas razones válidas no pueden apartarnos del camino del Estado de Derecho que fundamenta nuestra democracia. ¿O es que acaso queremos vivir en un estado policiaco que controle nuestras vidas? ¿Es que estaríamos dispuestos a renunciar a nuestras libertades más preciadas? Yo no.

Vilma Ibarra