El trabajo de miles de costarricenses estaría en peligro con el nuevo paquete de impuestos que propone el presidente Carlos Alvarado, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según varios empresarios.
Y es que la pérdida de puestos de trabajo sería la consecuencia lógica de más tributos, ya que desincentivaría la inversión privada, mientras que el clima de negocios empeoraría para atraer capital extranjero.
“La reactivación económica debe ser inmediata y lo anunciado por el Gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la atracción de inversiones nacionales y foráneas”, dijo José Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP.
El desempleo ya afecta al 24,4% de la población mientras que este índice se duplicó en los últimos meses por culpa de la pandemia del la Covid-19.
El Gobierno anunció a finales de la semana pasada, un incremento temporal en la renta que pagan las empresas que iría de 30% a 36%.
Asimismo, propuso gravar todas las transacciones bancarias con un 0,3% en el 2021 y el 2022, para después bajar ese monto a un 0,2% para los siguientes dos años.
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Un aumento en la renta al salario a partir de los ¢840 mil que iría desde el 2% y hasta el 10%, un alza en el tributo a los bienes inmuebles y la venta de Fanal y Bicsa son otras de las medidas.
Mitigar el impacto del déficit fiscal -que cerraría este año en un 8% del PIB – y enfrentar la caída en la recaudación de impuestos -estimada en ¢1,2 billones para este año por culpa de la desaceleración que generó la Covid -19 – motivan al mandatario a pedir nuevos tributos.
Sin embargo, para el sector productivo, las medidas carecen de un verdadero esfuerzo para recortar el gasto público.
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“El principal punto que debería incluir el acuerdo es la reforma del sector público, para que logre tener el "tamaño adecuado"; desde la venta de empresas estatales rentables, hasta una reducción significativa del gasto (…) La carga no debe recaer únicamente sobre el sector privado, y requiere de un abordaje conjunto”, dijo Gisela Sánchez, presidenta de AmCham.
Las propuestas serán estudiadas por los diputados a partir de ahora, en donde existe duda sobre el respaldo legislativo, ya que de primera entrada Nueva República y el PUSC se opusieron a nuevos impuestos.
Para aprobar todo nuevo impuesto se requieren de 38 votos.
Preocupación
El sector productivo manifestó su preocupación con la propuesta que hizo el Gobierno de
Carlos Alvarado al Fondo Monetario Internacional.
Laura Bonilla
Presidenta
Cámara de Exportadores
Como sector exportador esperábamos una propuesta rigurosa basada en la regla fiscal, sin
la creación de nuevos impuestos y con eficiencia en la recaudación de impuestos. También queríamos avances
en la Ley de Empleo Público y en la fusión de entidades con el fin de procurar eficiencia y reducción de
gastos. Este anuncio debía contemplar un enfoque en el resguardo de la población y sectores productivos con
miras a mejorar su desempeño y no castigarlo con más impuestos.
Julio Castilla
Presidente
Cámara de Comercio de Costa Rica
Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un
impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el
crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para
dinamizar la economía y generar mayores empleos.
Consideramos que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que
permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, se deben eliminar privilegios, así como simplificar
el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones.
José Álvaro Jenkins
Presidente
UCCAEP
El sector empresarial del país ya realizó un aporte significativo cuando se pasó la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asumimos nuestra responsabilidad y aceptamos nuevos impuestos,
pero con el compromiso de que el gasto público iba igualmente a ser controlado.
Estamos en una situación crítica en donde las empresas y las familias no tienen claridad sobre las medidas
implementadas ante el Covid-19 y con un desempleo superior al 24%. La reactivación económica debe ser
inmediata y lo anunciado por el Gobierno no contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, ni a la
atracción de inversiones nacionales y foráneas.
Gisela Sánchez
Presidenta
AmCham
El principal punto que debería incluir el acuerdo es la reforma del sector público, para
que logre tener el "tamaño adecuado"; desde la venta de empresas estatales rentables, hasta una reducción
significativa del gasto.
Si bien la Cámara está en
contra de mayores impuestos, el acuerdo con el FMI podría contener nuevas iniciativas impositivas;
esta carga, sin embargo, no debe recaer únicamente sobre el sector privado, y requiere de un abordaje
conjunto.
Sin reforma del Estado, esto sería una vez más un paquete de impuestos que solo resta competitividad al
país.
Las medidas
Una serie de medidas para recortar el gasto y generar nuevos ingresos, fueron anunciadas por el Gobierno
de Carlos Alvarado. Corresponderá a los legisladores tramitar las propuestas como parte del acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional.
Por el lado del gasto
- Movilidad laboral
- Reducción de la deuda política de 0,19% del PIB a 0,10% del PIB para generar un ahorro de ¢30 mil
- Congelar las anualidades por cuatro años
- Ley de empleo público
- Cierre y fusión de órganos desconcentrados
- Congelamiento de aumentos salariales
- Reducción en gasto de alquileres
Aumento de ingresos
- Se gravaría con un 25% los premios de lotería cuando lo ganado exceda un 50% del salario base
- Se establecería un impuesto al salario escolar
- Impuesto de renta a las cooperativas, cuando califican como grandes contribuyentes o grandes
contribuyentes territoriales (unas 20 cooperativas en total)
- Se incorporará la renta global a partir del 2023, mientras que se descarta la renta mundial
- Alza en el impuesto a bienes inmuebles, pasando de 0,25% a 0,75 en beneficio del Estado
- Renta corporativa pasaría de 30% a 36%
- El impuesto de renta al salario subirá en el primer tracto de 10% a 12,5%, el segundo tracto de 15%
a 20%, el tercer tracto de 20% a 25% y el cuarto de 25% a 35%. El tributo se cobrará a partir de
¢840 mil
- Remesas pagarán un 5% adicional
- Impuesto a todas las transacciones financieras de 0,3% para los primeros dos años (2021 y 2022) y de
0,2% para 2023 y 2024
