¿Tender puentes o quemar las naves?

El balance del primero de mayo no es positivo. Los acuerdos que se tejieron para que los partidos de oposición controlen el directorio legislativo y el discurso presidencial no permiten augurar nada bueno en un tema crucial como es el ajuste en las finanzas gubernamentales.
Las bancadas de oposición aseguran que no discutirán sobre impuestos sin que antes se adopten acciones por el lado del gasto. En tanto que, el Gobierno insiste en los impuestos, argumentando que ya ha sido todo lo frugal que puede —¿o quiere?— ser y que no hay espacios para acciones mayores que las que dice haber ejecutado en sus primeros dos años.
Una solución sostenible y equilibrada de la aguda situación por la que atraviesan las finanzas gubernamentales pasa necesariamente por replantearse con firmeza aspectos relacionados con el gasto público que van más allá del “café y las galletas” que se consuman en las oficinas públicas.
Requiere revisar con profundidad las políticas de empleo público, el destino y la eficacia de los gastos gubernamentales y el peso de las transferencias que el Gobierno central realiza a otros ámbitos de la esfera pública.
Pero también requiere avanzar paralelamente en una reforma impositiva que no solo atraiga mayores recursos a las arcas gubernamentales —la urgencia de corto plazo— sino que contenga componentes de equidad y un diseño de incentivos que promueva competitividad.
¿Qué está mal en la postura de la oposición de discutir primero los denominados proyectos de “contención del gasto público” y en el empecinamiento del Gobierno con el tema del gasto y su obsesión con los impuestos? Hay al menos tres problemas con estas estrategias.
El primero de ellos es su impacto, aunque la lista de acciones que impulsará la oposición es larga y, a los ojos de parte de la opinión pública, pueda parecer que entra a corregir prebendas y privilegios injustificados; la verdad es que el efecto que pueden tener sobre el gasto gubernamental es muy limitado. Pero también se equivoca el Gobierno creyendo que con el ajuste que propuso a la carga tributaria será suficiente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.
Una solución real y duradera requerirá además del aumento en la carga tributaria de un ajuste más ambicioso por el lado del gasto que lo que ha sido propuesto hasta el momento.
La segunda debilidad está en el tiempo: ya se ha perdido demasiado sin emprender acciones de ajuste efectivas y congruentes con la magnitud del problema. Incluso en el caso de que el esquema de “vía rápida” aplicado a los proyectos de contención del gasto despejara la agenda legislativa para que empiecen a conocerse los que elevan la recaudación tributaria, la entrada en vigencia de estas reformas impositivas —si es que alguna vez ocurre— llegaría demasiado tarde.
Ya no hay espacios para la estrategia “primero gasto y luego impuestos”, en este momento debe avanzarse de manera decidida y efectiva en los dos frentes al mismo tiempo.
El tercer problema es político. Estas posturas no solo confrontan a los grupos de oposición con el Ejecutivo sino que tienden a polarizar más la discusión nacional sobre un tema, en donde una solución realista en lo político y efectiva en lo macroeconómico implicará concesiones y sacrificios de diversos sectores.
Las posturas de la oposición y del Gobierno no contribuyen a tender puentes que faciliten acuerdos, más bien parecen estar quemando las naves. Es imposible pensar otra cosa cuando algunos sigan sosteniendo que hablar de impuestos puede ser perjudicial para sus intereses electorales, a otros el orgullo les impida reconocer que deben adoptarse acciones más contundentes y existan grupos que pretendan evadir su cuota de sacrificio durante el ajuste.

José Luis Arce
 

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