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Jueves, 25 de abril de 2024



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Varias regiones del país registran un aumento de denuncias por este delito

Tala ilegal en Costa Rica crece por expansión de monocultivos

Ausencia de cobertura arbórea estaría intensificando el impacto de los eventos climáticos

Allan Madriz allanmadriz.asesor@larepublica.net | Lunes 27 marzo, 2023


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El Ministerio de Ambiente y Energía emitió una directriz en 2020 para prohibir la siembra de monocultivos en Áreas Silvestres Protegidas. Shutterstock / La República


Costa Rica es reconocida a nivel internacional por sus grandes esfuerzos que le permitieron reforestar el país con la implementación de varias iniciativas; sin embargo, la sombra de la tala ilegal amenaza en varias regiones del territorio nacional.

La Zona Norte, el Pacífico Sur y Limón son regiones ya identificadas donde está creciendo la tala ilegal durante los últimos años y las tres tienen un punto en común, la expansión de los monocultivos.

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La situación es calificada como crítica por la Fiscalía Adjunta Ambiental, que viene documentando un incremento de denuncias por este delito, al igual que las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

“Las infracciones a la Ley forestal son el número uno en el ranking de denuncias, tanto en la plataforma del Sinac como la del Ministerio Público. Talas que se dan para promover cultivos de piña, palma, banano e incluso hasta narcotráfico”, explicó Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental.

Esto coincide con las denuncias que han venido realizando organizaciones ecologistas durante los últimos años sobre la expansión agrícola de monocultivos, específicamente en zonas que tienen “conflicto” con Áreas Silvestres Protegidas y humedales.

Así ha sido documentado por el Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019, que señala que en 2017 se encontraron 78 puntos de conflicto entre plantaciones de piña y Áreas Silvestre Protegidas.

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Esos 78 puntos de conflicto representan un total de 3.800 hectáreas; mientras que existen otros 90 puntos de conflicto con humedales, que se traducen en más de 16 mil hectáreas.

“Hay ciertas zonas que tenemos identificadas como de mayor incidencia, como Limón, específicamente Pococí y Talamanca; la Zona Norte, dígase Upala, Los Chiles, San Carlos; y el Pacífico Sur, Buenos Aires y toda esa zona”, según Silvia Solís, fiscala de la Fiscalía Adjunta Ambiental.

Y es que entre 2015 y 2019 Costa Rica perdió 1.200 hectáreas de cobertura arbórea debido a la actividad agrícola piñera, según el último estudio de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (Mocupp).

Esta misma herramienta satelital había reportado que más de 5 mil hectáreas de bosque se habían perdido en márgenes de ríos y humedales entre el año 2000 y 2015, debido a la actividad piñera.

“El riguroso estudio del Mocupp es una prueba fehaciente que las autoridades judiciales podrían usar para castigar los delitos por deforestación ejecutados por la industria piñera nacional”, indicó la Federación Ecologista (Fecon).

Corta, apertura de trochas, ingreso de la maquinaria, tenencia o adquisición de madera ilegal es delito, cambio de uso de suelo en bosque, cortas en periodos de vedas forestales y el transporte sin permiso en carretera son las principales actividades ilícitas relacionadas con la tala ilegal, según las autoridades judiciales.

Existen zonas identificadas donde es prohibida la tala, como territorios del Estado, zonas marítimo-terrestres y en Patrimonio Natural del Estado; pero también hay especies de árboles que son protegidas debido a su asociación con fauna en peligro de extinción, como la lapa roja.

Debido a esta expansión de monocultivos y el aumento de denuncias por tala ilegal, organizaciones ecologistas como “Bloque Verde” han cuestionado que el país destaque en foros internacionales nuevas iniciativas de agro paisajes productivos, cuando ocurre esto en el territorio nacional.

“El anuncio del gobierno de Costa Rica en la COP27 no tiene ningún sentido y falta a la veracidad. Pretende crear mecanismos de financiamiento climático para el agronegocio basado en mentiras, y se agrupan en una categoría más grande llamadas falsas soluciones al cambio climático”, dijo la agrupación ecologista.

La principal preocupación de autoridades judiciales es el aumento en el cambio de uso de suelo, es decir, que si una propiedad albergaba bosque en 1997 cuando se promulgó la Ley Forestal, esa cobertura o situación no puede cambiar de ninguna manera.


Consecuencias de la tala ilegal


Estas son algunas de las consecuencias de la tala ilegal:

• Impiden las funciones ecosistémicas que se producen en los bosques
• Evitan las acciones de los árboles para mitigar los gases de efecto invernadero
• La falta de cobertura arbórea provoca que el agua de lluvia caiga directamente al suelo y erosione la tierra
• La falta de bosques ocasiona destrucción de hábitats y pone en peligro de extinción a especies
• Afecta la imagen verde del país y repercute en la visitación turística internacional


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