Súper Internet 5G sería 300% más caro sin participación de empresas chinas en concurso público: Diputada Johana Obando
Supervivencia del ICE también está en riesgo por una mala decisión política y técnica
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Si se excluye a las empresas chinas del concurso del Súper Internet 5G, se elimina automáticamente al 50% de la competencia mundial y con ello, los precios del servicio serían un 300% más altos, según explicó Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso.
La legisladora advierte también que el Decreto 5G que ha impulsado el gobierno de Rodrigo Chaves en esta materia es un grave peligro para la supervivencia del ICE, por lo que no se puede descartar que la institución termine siendo vendida y absorbida.
Es por ello que Obando alza la voz para denunciar una acción gubernamental que a todas luces está mal y que afectaría a todos los costarricenses, no solo por el costo del servicio, sino también por la venta de una institución insigne.
Y es que detrás del despliegue de la red 5G está la competitividad país, el avance de la telemedicina, la educación de calidad en zonas rurales, los negocios, la inversión extranjera y la generación de empleos, por lo que Obando hace un llamado a todos los costarricenses a informarse y tomar una posición sobre este tema.
Para la legisladora, lo ideal es que en un concurso público se garantice la neutralidad tecnológica y que se escoja al mejor proveedor basado en calidad y precio y no en decisiones políticas
El gobierno de Rodrigo Chaves argumenta que la tecnología china no es segura y por ello, ha decidido excluir a las empresas de ese país del concurso de 5G. ¿Qué opina?
Quiero comenzar haciendo énfasis en que esta discusión va mucho más allá de las empresas de un país o de otro, porque mi intención es garantizar un ecosistema de neutralidad y objetividad para el desarrollo tecnológico.
Es perfectamente entendible que se quiera verificar la viabilidad o confiabilidad de los equipos que seleccionamos para construir nuestra infraestructura de telecomunicaciones, pero el argumento presentado por el gobierno carece de cualquier sustento técnico.
A la fecha, el gobierno no ha mostrado ninguna prueba, razón o explicación técnica que justifique sus aseveraciones. Estamos definiendo estrategias país de acuerdo con el ánimo o interés del gobierno de turno; lo cual, nos pone en una situación comercial delicada, porque hoy, el gobierno ha decidido que hay un país que no le gusta, pero el próximo presidente pudiera no gustarle otro.
Como Estado, no podemos permitirnos violentar la seguridad jurídica o el estado de derecho que requiere la inversión extranjera.
Por otra parte, para mí es de vital importancia garantizar que los equipos que usemos en Costa Rica sean seguros para el manejo de los datos de todos sus habitantes.
Asimismo, cuando observo que GSMA y 3GPP, como las entidades a cargo del desarrollo de 5G, ya tienen un estándar maduro de Ciberseguridad específicamente para las redes de telefonía móvil celular, llamado NESAS, y que este estándar reconoce, en los resultados de sus auditorías, que los 4 fabricantes principales (Ericsson, Nokia, Huawei y ZTE) cumplen con todos los requerimientos y especificaciones exigidas para comercializar sus productos en la construcción de redes seguras, entonces concluyo que es absurdo ir en contra de las pruebas técnicas y de las organizaciones calificadas, sin tener el nivel técnico real para rebatir sus conclusiones.
Ahora bien, si la justificación no es técnica, sino más bien el resultado de alianzas geopolíticas, entonces invito al gobierno a hablar con claridad y honestidad, para que tengamos una discusión país en donde decidamos si Costa Rica quiere salir de su postura neutral para polarizarse o formar parte de uno u otro bando en la batalla comercial que se libra en el mundo en este momento.
¿Se puede decir que hay un riesgo de servicios más caros por la exclusión de empresas chinas del concurso?
Para esta respuesta quiero hacer referencia al estudio de la UNA-CINPE, puesto que este tema dejó de ser una suposición o idea trivial para convertirse en una realidad práctica que se puede corroborar al revisar el análisis comparativo del SICOP para el cartel de 5G del ICE.
Dependiendo del proveedor que se seleccione, el incremento en costos que representaría la aplicación del Decreto 5G sobre la implementación de las redes 5G puede superar el 300%.
¿Quién asumiría este costo adicional? Por supuesto, el público usuario de los servicios 5G.
Si el Estado decide forzar a los operadores de telecomunicaciones, a través de regulaciones, al incremento de los costos, será entonces el Estado el responsable directo del aumento en el precio de los servicios de telecomunicaciones.
Sin embargo, lo que más preocupa en este particular es que pareciera que la intención escondida detrás de esta estrategia del Decreto 5G es la de crear un escenario completamente adverso para el ICE, ya que sería el operador más afectado e incluso se llegaría a forzar su venta para que los operadores privados puedan absorber sus activos y pasivos.
¿Corresponderá a la Contraloría General de la República analizar este tema a futuro?
Más allá de la función correctiva o forense que este órgano cumple en el Estado, creo que este tema debe abordarse en el presente.
Las consecuencias de usar la ciberseguridad como un arma de exclusión las vamos a sufrir todos los costarricenses, desde un aumento en los precios de los servicios de telecomunicaciones, hasta la posible desaparición de una de nuestras más apreciadas y admiradas empresas, como lo es el ICE.
Entiendo que la complejidad del tema haga pensar a muchos que no les corresponde, o incluso, que no les afecta, pero las telecomunicaciones, en la actualidad, son una parte fundamental de nuestras vidas.
Desde los niños en una escuela rural que logran acceso al internet para acceder al conocimiento mundial, hasta el ambicioso proyecto de transformación digital del Estado, para optimizar la operación de las entidades públicas, todo depende del profesionalismo y la objetividad con el que creemos las condiciones país para que la tecnología se desarrolle.
En conclusión, esperar que, en el futuro, la Contraloría busque responsables y aplique sanciones no evitará el problema de fondo y solo servirá para corroborar la crónica de una muerte anunciada en el desarrollo tecnológico de Costa Rica y, por ende, de nuestra competitividad en la región.
Por ello, invito a todos los costarricenses a involucrarse en esta discusión.
¿Puede hacer algo la Asamblea Legislativa para frenar la decisión del Poder Ejecutivo?
En efecto, lo estamos haciendo, tanto yo como muchos otros diputados de distintas fracciones hemos trabajado para visibilizar el problema del Decreto de 5G.
El problema en este momento, es que el gobierno está dirigiendo por decreto, sin sustento de una ley y sin fundamentos técnicos. Actualmente, desde la Asamblea, estamos trabajando en el proyecto de ley de ciberseguridad para evitar que, en el futuro, seamos víctimas de los caprichos del Ejecutivo.
Por otra parte, continuamos evaluando posibles acciones para resolver el problema del Decreto 5G y mantendremos informados a los medios de comunicación para que, con su apoyo, se pueda mostrar a la gente todos los detalles de este caso.
