Seguridad Social y OCDE

Seguridad Social y OCDE

En la visita realizada por altos funcionarios de la OCDE a Costa Rica, nos plantearon la agenda de asuntos por resolver especialmente en las prioridades de inclusión de la economía informal en la formalidad. Las autoridades de la OCDE llamaron la atención respecto de las altas cargas que pesan sobre las planillas como consecuencia de las contribuciones tanto obreras como patronales para con la Seguridad Social.

Debemos decir, que, si bien esta es la recomendación mejor recibida por parte del sector empresarial, también es cierto que esta recomendación de escritorio, tiene poco o nada que ver con la realidad sustantiva de las finanzas de la seguridad social de Costa Rica. Por otro lado, es absolutamente cierto que la economía informal solo se perpetúa ante los altos costos de inclusión si esta condición inflexible del costo de regularización persiste en el mercado. Es evidente que el tema no se queda en las consecuencias de la seguridad social, esto afecta transversalmente la vida económica y social del país. Los actuales candidatos plantean en sus programas un fuerte frente de ataque a la informalidad, por medio de nuevos emprendimientos que enfrentarán esta barrera de entrada en el costo de la operación jurídicamente válida, lo que provoca distorsiones en la competitividad en el mercado interno e indudablemente en los mercados extranjeros.

Si bien desde la óptica de los sectores formales aplaudimos la recomendación, no podemos dejar de decir que nunca menos oportuna la recomendación que en un momento en el que todas las fuentes indican un deterioro significativo de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual viene a contrapelo de las recomendaciones dadas por la OCDE y el sentido común de la inclusión persuasiva, siendo abatida con incrementos en las cuotas en particular de las obreras de la seguridad social. Según la modificación hecha al artículo 33 del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en junio de 2017; las cuotas solo para mantener el régimen en condiciones sustentables, pasan a subir las contribuciones de los trabajadores en un punto porcentual esto es el 11% de incremento en el costo para el trabajador de su régimen de eventual pensión.

Para ilustrar la gravedad de esta insostenible situación, el mismo texto legal compara las contribuciones tripartitas del trabajador, patrono y Estado, desde los años 2009 a 2035, pasando solo el rubro de IVM del 7,5% en 2009, a la abrumadora carga del 12,16% en 2035, sea un incremento del 62,13% en el periodo de análisis, esto sin contar las veces y los años que han aumentado la edad esperada de pensión. Esto comporta no solo una conducta a contrapelo de las “recomendaciones” de la OCDE, sino a toda costa a la inclusión y la formalidad de los sectores de condiciones tanto formales en la actualidad como de profesionales liberales, así como las empresas en condición de incubación y por supuesto las pymes.

El efecto en el ingreso disponible del trabajador es otro factor a tomar en consideración, solo del mes de julio 2017 a enero de 2018; los trabajadores, en su condición de consumidores, han perdido un ingreso disponible del 11%, lo cual tiene una consecuencia recesiva en los consumos de aquellos, que ya se nota en las ventas de los comercios y las prestaciones de los servicios, aspecto que se agrava cuando se hace el análisis sobre bases de salarios reales y no solamente nominales, perdiendo algunos puntos más de capacidad de compra que afecta a la economía en su conjunto y explica el aletargamiento de los consumos y por ende de los niveles de empleo, aspecto que solo propicia una crisis más grave en la economía real.

La recomendación de la OCDE es sin duda una mejor práctica que posiblemente no fue alimentada con los insumos de la realidad expuesta, o que, si lo fue, probablemente no nos han contado todas las recomendaciones en su conjunto, como podrían haber sido la revisión de la relación de staff administrativo versus personal médico en los servicios de prestaciones médicas en la CCSS, que se ha venido comiendo los recursos de orden global de la institución a todos los trabajadores y empleadores tanto del sector público como privado. A la vez, es probable que las medidas adicionales que se requieran para viabilizar la recomendada reducción de contribuciones tengan que ver con los pluses salariales de los trabajadores de la Caja, tanto del sector salud como los administrativos, el mejor control de las compras de bienes y servicios, la adecuada atención de los costos incrementales en la atención de salud curativa ante la desmejora de los programas universales de orden preventivo, entre una larga lista de otros cambios que hay que atender para poder viabilizar la reducción ansiada por quienes contribuimos, en el régimen global de la seguridad social de Costa Rica.

ccamacho@bdo.cr