Seguridad jurídica para las telecomunicaciones

Hace pocos días un grupo de Diputados presentó ante la corriente legislativa el Proyecto de Ley N. 22.520 denominado “Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica”, del cual resulta necesario comentar su contenido e importancia, en tiempos donde la brecha digital en nuestro país aumenta de manera peligrosa.

El citado proyecto viene a llenar un vacío existente desde la promulgación de las leyes de implementación para la apertura del mercado de las telecomunicaciones del año 2008, concretamente en cuanto a la unificación de procedimientos a nivel municipal, en lo relativo al desarrollo de infraestructura necesaria para la presentación de servicios de telecomunicaciones. Esa urgente estandarización viene sustentada en el hecho de que la construcción de este tipo de infraestructura es un tema de carácter nacional y por ende válidamente regulado en una norma general, como sucede por ejemplo con el tema de acueductos. Por ende, no es un tema en el que la autonomía municipal pueda privar sobre un asunto de vocación para todo el país.

Entre otras cosas, el proyecto de ley establece:

• Su aplicabilidad para todo el sector público, sea centralizado o descentralizado, haciendo mención expresa de las Municipalidades.

• Su objetivo es propiciar que las entidades públicas trabajen de manera coordinada y con la mayor celeridad, entre otros, en el otorgamiento de usos de suelo y permisos de construcción para este tipo de infraestructura.

• Vinculación para que las Municipalidades incluyan en sus reglamentos los requisitos necesarios para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, se insiste, tanto para usos de suelo como para la emisión de permisos de construcción.

• Autorización a las instituciones públicas para que en sus inmuebles se permita la instalación de los dispositivos que permitan ampliar la cobertura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

• Se ordena al MOPT que incluya en el diseño de todas las vías nacionales, los aspectos técnicos necesarios para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.

Evidentemente existen aspectos que deberán ser mejorados o ajustados en el proyecto de ley durante el procedimiento legislativo y que podrán ser discutidos posteriormente; sin embargo, en este momento lo relevante es resaltar la iniciativa que pretende, al fin, dar seguridad jurídica a un tema en el cual ha reinado la incertidumbre durante muchos años.

El trascender del dicho al hecho en materia de reducción de brecha digital y de expansión real del derecho al acceso a internet para toda la población, sin distinción, requiere de este tipo de pasos puntuales, de una vez por todas. Popularmente se dice que “sin cacao no hay chocolate”, pues en este caso sin infraestructura de telecomunicaciones, la población costarricense no podrá disfrutar del chocolate de las telecomunicaciones y en tal sentido, el deber prestacional de las autoridades es ajustar el ordenamiento jurídico para que dichas construcciones se realicen al amparo del principio de seguridad jurídica, con reglas claras y uniformes para todas las empresas involucradas.