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La dificultad de la Asamblea Legislativa para nombrar a 18 magistrados suplentes de la Sala IV tiene el potencial de generar un cierre técnico en el máximo tribunal del país, según advirtió la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Lo peor de todo, afirman los liberacionistas, es que los costarricenses podrían verse afectados en sus reclamos relacionados con medicamentos, pensiones, becas, vivienda y acceso a la justicia.
Según el PLN, la bancada oficialista de Pueblo Soberano se opone a los magistrados postulados por la Corte Suprema de Justicia durante la administración anterior y, por ello, no se ha logrado alcanzar los 38 votos requeridos para concretar los nombramientos.
Ante esta situación, la Corte deberá remitir al Congreso una nueva lista de candidatos e iniciar nuevamente todo el proceso de selección.
“Hoy el riesgo es real: la Sala podría quedar sin capacidad plena para resolver los casos que llegan a su conocimiento. Lo que está en juego no es un nombramiento más. Lo que está en juego es que miles de costarricenses se queden sin quien los defienda cuando el Estado les niega un medicamento, una pensión, una beca, una vivienda o el acceso a la justicia. La Sala Constitucional no defiende a los partidos ni a los poderes. Defiende a la madre que necesita un tratamiento urgente para su hijo y no tiene más dónde acudir. Defiende al adulto mayor que lleva meses esperando el reconocimiento de su pensión. Defiende a la familia que reclama una solución habitacional digna. Defiende al estudiante que depende de una beca o al paciente que requiere un medicamento de alto costo que el Estado se niega a cubrir”, afirmó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, durante una conferencia de prensa.
La fracción liberacionista ha insistido en la necesidad de completar estos nombramientos cuanto antes, por lo que hizo un llamado al oficialismo para reconsiderar su posición.
Por su parte, Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, minimizó las críticas contra el oficialismo y calificó como populistas las advertencias realizadas por el PLN.
“No es cierto que con esta decisión no van a tener alguna posibilidad de resolver sus problemas sobre medicamentos, sobre amparos o sobre las diferentes opciones que tienen al asistir a la Sala Constitucional, que sigue estando conformada. Lo que hemos hecho hoy es decirle que las personas que estaban en esa nómina tienen que ser cambiadas. Por eso la devolvimos y por eso estamos actuando de manera responsable para que podamos nombrar magistrados por los próximos cuatro años, no es por una ocasión, son cuatro años. La denuncia es populismo”, manifestó Acosta.
La controversia surge luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una moción para solicitar a la Corte Suprema de Justicia una nueva nómina de candidatos, lo que obligará a reiniciar el procedimiento de selección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
