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El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, emitió una aclaración del alcance de la medida cautelar que suspendió la tala de más de 700 árboles en playa Panamá, en Guanacaste.
La resolución también establece restricciones sobre permisos de construcción en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, dentro del expediente 25-024408-0007-CO.
Esto se da tras consultas sobre la resolución, en el marco de una acción de inconstitucionalidad sobre normativa aplicada en la zona.
Cruz explicó que la suspensión de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad no es generalizada.
Indicó que aplica únicamente en casos donde se utilice o se pretenda utilizar la figura de compensación de densidades y coberturas del decreto impugnado.
“La medida cautelar no implica un freno total a todos los proyectos turísticos o constructivos en Papagayo”, señaló el magistrado instructor en un comunicado.
La resolución original también ordenó una moratoria en permisos de tala de árboles en desarrollos hoteleros dentro del área del Polo.
Además, se suspenden actos administrativos vinculados a estos proyectos por parte del MINAE, Setena y el ICT, en el marco de la normativa cuestionada.
La medida generó preocupación en el sector construcción y hotelero, que había advertido sobre el impacto de una eventual paralización total en la zona, considerada estratégica para el desarrollo turístico del país.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) y ASOPAPAGAYO solicitaron una pronta resolución sobre el caso.
Canatur indicó que las medidas provocan una paralización general del desarrollo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
“Respetuosamente recordamos que las medidas cautelares tienen un carácter instrumental, temporal y proporcional”, afirmó Martí Jiménez, presidente de Canatur.
El representante agregó que el proyecto impacta cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos, principalmente en Guanacaste.
La CCC expresó preocupación por el impacto en la seguridad jurídica y la confianza para invertir en el país.
“La inversión requiere certeza, previsibilidad y respeto a los actos válidamente emitidos por la Administración Pública”, indicó la CCC.
El CODI advirtió incertidumbre para el mercado internacional y futuros proyectos en Costa Rica.
“La paralización de un modelo turístico que ha demostrado altos niveles de planificación envía señales de incertidumbre”, afirmó Verónica Alfaro, directora ejecutiva de CODI.
ASOPAPAGAYO manifestó preocupación por el impacto en el clima de inversión y la estabilidad jurídica del país.
“Aquí no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”, señaló Rodrigo Castro, director ejecutivo de ASOPAPAGAYO.
