Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio. Cortesía/La República.
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La posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves enfrente un juicio penal por el supuesto delito de concusión dio un paso decisivo este viernes, luego de que la comisión especial legislativa recomendara levantarle la inmunidad con una votación de 2-1.
La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio e integrante de dicha comisión, aseguró que la decisión se fundamenta en pruebas sólidas.
“Nos parece que se ha tenido acceso a información suficiente que demuestra que se está en presencia de un posible caso con prueba testimonial y material y con coherencia, consistencia y seriedad para poder continuar en tribunales penales. No hay ningún indicio que nos pueda hacer dudar de que haya política detrás de la intención de elevar esto a juicio”, declaró Alfaro.
La legisladora subrayó que el fuero constitucional existe para proteger a los supremos poderes de persecuciones políticas, no para blindar a los jerarcas de investigaciones judiciales cuando hay elementos serios de posible delito.
Una decisión inédita en la historia
La comisión estuvo integrada por tres diputados: Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Andrea Álvarez (PLN) votaron a favor de recomendar el levantamiento de la inmunidad, mientras que Daniel Vargas, del oficialismo, se opuso.
Ambos informes se presentarán el próximo lunes al plenario legislativo, que contará con alrededor de 15 días para discutir y votar la recomendación. Entre el 22 y el 24 de septiembre se prevé la votación histórica en la que, si 38 legisladores la aprueban, se eliminará por primera vez la inmunidad de un presidente de la República en ejercicio.
De aprobarse, el caso pasará a conocimiento del Poder Judicial, donde el mandatario deberá enfrentar un proceso penal. Según el procedimiento, Chaves tendrá la posibilidad de defenderse en el plenario antes de la votación, la cual será electrónica.
El caso por concusión
La acusación de la Fiscalía señala que el presidente Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente a Federico Cruz Saravanja, asesor y amigo cercano del mandatario.
El beneficio, valorado en $32.000, se habría concretado a través de un contrato de consultoría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de facilitarle la compra de una vivienda.
El delito de concusión, contemplado en el Código Penal, establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes, abusando de su cargo, obliguen o induzcan a otros a entregar bienes o beneficios indebidos.
