Renta Básica Universal y nuestra seguridad social

Según la OIT desde febrero del año pasado los países han ejecutado más de 1600 programas sociales para proteger a su población de la recesión que vivimos a causa del COVID-19. En algunos casos (EE.UU. y el Reino Unido, por ejemplo) esos programas han en buena medida descansado en transferencias directas a las personas. En otros, como los de Europa Continental, se han basado mayormente en que los estados asumen parte de los salarios para que las empresas no despidan a sus trabajadores. Ciertamente la mayor parte de este esfuerzo se ha dado en los países ricos, que para enero se calcula habían invertido en programas de soporte social un 13% de su PIB, pero también países como Brasil -que ha girado a más del 40% de su población adulta cheques de $110 por mes- han ejecutado grandes y muy abarcadores programas.

Este cambio en la seguridad social se da en países desarrollados en los que sectores de su población han sufrido en las últimas décadas pérdidas en sus ingresos por el cambio tecnológico y en menor medida por la expansión del comercio internacional, y en los cuales la economía gig genera relaciones laborales temporales o de cuentapropistas. Por esas circunstancias y por los efectos de esos cambios en los sistemas de seguridad social, las transferencias masivas de recursos provocadas por la pandemia han dado nuevo impulso a la idea de una Renta Básica Universal (una transferencia mensual no condicionada a todas las personas en edad de trabajar) respecto a la cual muchas investigaciones han disipado la preocupación de que puedan inducir renuencia al trabajo de una parte de la población.

La piedra de tropiezo para la Renta Básica Universal sigue siendo la generación de los recursos necesarios para financiarla como una actividad permanente, y no ocasional frente a una crisis como la de COVID-19.

En EEUU se aprobó inmenso programa de estímulo del Presidente Biden de $1,9 billones (millones de millones) que lleva el total aprobado entre el año pasado y este a casi $3 billones, o sea un 13% del PIB anterior a la pandemia. En ese programa se incluye un ingreso garantizado a familias con niños, que es de $300 por mes a cada niño y que cubre el 93% de las familias. Se estima que este programa sacará de la pobreza a la mitad de los niños en esa condición, y que se dará indiscriminadamente a todas las familias con niños que tengan ingresos no mayores a $150.000 por año.

Entre nosotros esas experiencias ajenas y la nuestra con el Bono Proteger deben reforzar el estudio de los cambios que debemos ejecutar ante el gran tamaño del empleo informal y ante los problemas de financiamiento de nuestra seguridad social (previsión y salud) y de nuestros programas para enfrentar la pobreza.

El empleo informal por un continuado crecimiento pasó de ser un 40,2% de la fuerza laboral en el III Trimestre de 2010 (primer dato de la serie ECE del INEC) a representar un 47,1% en el I Trimestre de 2020. Luego disminuyó porque el empleo informal fue el más afectado por la crisis actual, pero ya está creciendo de nuevo.

Por otra parte, el continuado envejecimiento de nuestra población vuelve a poner en aprietos el financiamiento del régimen de IVM de la CCSS y los servicios de salud con un aumento en la demanda por sus prestaciones, y una disminución del porcentaje de la masa cotizante.

Los programas de apoyo a las familias pobres, así como el régimen de IVM y los servicios de salud de la CCSS están fundamentalmente financiados por cargas sobre los salarios. Esto relaciona íntimamente las dificultades financieras de estas prestaciones con la informalidad laboral, pues esta carga sobre las planillas dificulta la formalización de los emprendimientos y agrava la informalidad.

Por eso parece ser que a mediano plazo deberíamos hacer otra transformación de nuestra seguridad social. Establecer un seguro igual universal para todas las personas que lleguen a edad de pensionarse y que venga a sustituir el régimen no contributivo y los niveles más bajos de pensión de IVM y de cualquier otro régimen de pensión al que contribuya el estado. Este tramo de las pensiones lo mismo que el FODESAF que alimenta los programas de lucha contra la pobreza deben ser pagados con impuestos generales (IVA, renta, bienes inmuebles, carbón) que sería compensado por una disminución del impuesto sobre las planillas ya que el monto inicial de la pensión no lo pagaría IVM y que se eliminaría el 10% de impuestos al salario que hoy alimenta a FODESAF. Esta pensión atendería las necesidades de todos, asegurados o no a IVM, y por lo tanto cubriría al sector informal.

La siguiente capa de la pensión estaría compuesta por el régimen de IVM con una cotización menor a la actual, y luego por el ROP y por los seguros voluntarios.

Esta es una de las reformas más urgentes de nuestra institucionalidad demandada tanto por la justicia social (no dejar en desamparo a los empleados informales) como por la eficiencia económica (formalizar las empresas y permitir su operación eficiente en los mercados financieros y de bienes).