Reformas anticorrupción retan a empresarios nacionales

La aplicación de normas anticorrupción y otros delitos contra la administración pública se está convirtiendo en un reto para los empresarios nacionales, principalmente porque no existe información ni hay compromiso para blindarse ante cualquier eventualidad.

En mayo anterior el país se comprometió ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a fortalecer su legislación y generar más herramientas para combatir este tipo de infracciones a la ley.

Costa Rica se convirtió el mes pasado en la nación 43.ª en el mundo en formar parte de la comisión anticohecho, impulsada por ese organismo internacional.

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Si bien tienen prioridad las anomalías extranjeras que afecten a funcionarios públicos, el país trabaja para involucrar al sector privado, pues se le considera un motor vital para la competitividad, generación de empleo y atracción de inversión extranjera.

A pesar de estas intenciones, Costa Rica no cuenta con un ente regulador especializado que certifique la correcta aplicación del convenio con OCDE.

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Esta reglamentación se caracteriza por priorizar el castigo del lado oferente de las dádivas ilícitas a funcionarios de altos cargos.

“El país tiene vasta legislación en estos tópicos, pero esta reforma insta a las compañías a aplicar buenas prácticas en materia de anticorrupción, lo que sucede es que algunas son reacias a hacerlo porque piensan que sus empresas están limpias y no hay necesidad de aplicar las iniciativas”, resumió Lorena Brenes, socia de Nassar Abogados.

Ante esta situación una alternativa viable para las compañías, además de estar al día con sus políticas internas, es incorporar la figura de un oficial de cumplimiento, es decir, un colaborador que fiscalice el correcto funcionar del resto de trabajadores y haga cumplir los lineamientos corporativos.

La incorporación de líderes, diseño de planes que detecten, prevengan y sancionen sobornos, un sólido sistema interno de finanzas y otros procesos, así como revisiones periódicas de la efectividad de las medidas, son algunas estrategias para evitar sanciones.

Capacitar, involucrar y convencer a los colaboradores sobre la importancia de las prácticas éticas, es otro desafío para los negocios.

“La implementación de los requerimientos que propone la comisión anticohecho de la OCDE hará la diferencia para perseguir estos actos y reafirma el compromiso del país por erradicar esas prácticas, continuaremos trabajando en conjunto con los poderes Ejecutivo y Legislativo para mejorar nuestras políticas”, confirmó Cecilia Sánchez, ministra de Justicia y Paz.

Dichas reformas no hacen distinción en cuanto a tipo de empresa, sin embargo, los sectores bancario, exportador y las pymes se perfilan como los más sensibles en este aspecto.

Buscar asesoría legal es el primer paso que deben tomar aquellas compañías que no estén actualizadas con la normativa; sin embargo, el proceso de creación y puesta en vigencia de esos planes es sencillo y de bajo costo.

Las penas por incumplimiento van desde condenas de prisión hasta disolución de empresas.