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Corrupción es segundo problema más grave en Costa Rica

Karla Madrigal kmadrigal@larepublica.net | Jueves 04 mayo, 2017 10:55 a. m.


Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República.


La corrupción es el segundo problema mayor en Costa Rica, superado por la seguridad en el país.

Los datos fueron arrojados de la Encuesta nacional de Percepción de la Corrupción 2017, realizada en febrero, por parte de la Contraloría General.

El estudio pretende conocer la percepción de la corrupción en tres tipos de población, la ciudadanía, los funcionarios públicos y los oferentes del sector públicos.

La mayoría de los entrevistados ciudadanos, es decir un 85%, considera que hay mucha corrupción, y un 61% opina que la corrupción ha aumentados en los últimos años.

Lea más: Proyecto para que delitos de corrupción no prescriban sigue estancado en Plenario

Dentro de la población funcionaria pública, la mayoría desconfía de los canales de denuncia establecidos por el Gobierno, o desconoce de algún canal para realizar la denuncia.

“Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia”, indicó Marta Acosta, contralora general de la República.

Al menos un 30% de los empleados públicos conoce de algún cado de corrupción en su institución, según los datos arrojados.

Por otra parte, los oferentes del Estado comentaron que en promedio se realiza un pago del 15% para ganar un contrato de licitación pública, y un 55% cree que existe corrupción en el proceso.

“Entendemos por corrupción pública el abuso de poder para el beneficio propio, tanto directo como indirecto del corrupto o del grupo al que pertenece. Corrupción implica el incumplimiento de normas jurídicas o éticas y   comportamientos que anteponen el interés privado sobre el interés general”, agregó Acosta.

La encuesta se realizó de manera telefónica a unas 3.208 personas en total, 2.171 ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios.

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% en los cuatro módulos utilizados.
 


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