Reforma procesal laboral en el banquillo de los acusados

La lentitud con que se declara la ilegalidad de un movimiento de protesta hace que la Reforma Procesal Laboral —que duró más 15 años discutiéndose—, esté hoy en el banquillo de los acusados.

La ley laboral es “una estafa”, ya que los sindicatos pueden irse a huelga por más de un mes, a la espera de que los tribunales de trabajo dicten dos sentencias en firme, de acuerdo con diputados y empresarios.

Por otra parte, la falta de claridad en cuanto al momento en que empiezan a regir las sanciones hace que el gobierno esté prácticamente incapacitado para castigar a los empleados públicos con el rebajo de los días no laborados.

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Y es que los jueces podrían interpretar que es a partir de la sentencia en primera instancia, o bien, hasta que se dé la segunda declaratoria; asimismo, es debatible si la sanción aplicada es retroactiva al primer día de la protesta, o empieza a regir con la sentencia final del juez.

“Con esta huelga del sector público que ya suma 43 días, ha quedado claro que la reforma procesal laboral no es clara”, dijo José Salas, encargado del área laboral para la Cámara de Industrias.

Otro cabo suelto de la Reforma Procesal Laboral es el engorroso sistema de notificaciones, que permitió a los representantes sindicales del sector público, esconderse durante semanas antes de recibir la advertencia del gobierno de que quería declarar la huelga ilegal, tal y como sucedió en los casos de Undeca y Ande en torno a la protesta en contra de la reforma fiscal.

Agilizar el proceso de declaratoria de ilegalidad de la huelga, sería el objetivo de una reforma que plantean varios legisladores como Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional.

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“El procedimiento judicial establecido en el Código Procesal Laboral para declarar la ilegalidad de las huelgas es materialmente una estafa. Deja en incertidumbre por mucho tiempo a los trabajadores, al patrono y a la ciudadanía y por ello hemos planteado una reforma”, agregó Benavides.

Mientras tanto, Pablo Heriberto Abarca del PUSC, aseveró que la ley se puede mejorar y que en definitiva falló en cuanto al tema resolutivo.

Un sector de trabajadores públicos cumplió ayer 43 días de huelga en contra del plan fiscal, al considerar que el proyecto en cuestión es sumamente regresivo.

Durante dicho lapso, sindicatos del ICE, Recope, Japdeva, Correos de Costa Rica, CNP, INS y otras dependencias estatales, negociaron con el gobierno un retorno a sus puestos de trabajo y en ningún caso se aplicó una sanción, sin importar que abandonaron sus puestos durante semanas.

Mientras tanto, representantes de gremios sindicales se oponen a cambios, al considerar que la Reforma Laboral es exitosa al establecer los parámetros de un movimiento de protesta.

“La Reforma Laboral permite el cumplimiento efectivo del derecho a la huelga de la clase trabajadora, tanto en el sector público como en el privado. Pienso que los plazos otorgados para las declaratorias de ilegalidad, son los correctos, para que los jueces puedan conocer los elementos, sin presiones externas y de manera objetiva”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.

Cabos sueltos

Varios aspectos deben ser modificados en la reforma procesal laboral a criterio de los empresarios y los diputados, con el objetivo de hacer más ágiles las declaratorias de ilegalidad. El sector sindical se opone.

1. Ajuste de plazos para que las declaratorias de ilegalidad sean más ágiles

2. Aclaración para determinar si rebajo de días no laborados, se aplica a partir de primera declaratoria de ilegalidad, o hasta que un juez lo determine en segunda instancia

3. Se debe clarificar si la sanción aplicada es retroactiva al primer día de la protesta o no

4. Agilización de proceso de notificación a líderes sindicales, para que no sea solo a una persona

5. Huelgas en servicios esenciales no deben permitirse bajo ninguna circunstancia

Fuente: Consultas